Las negociaciones in extremis han dado su fruto y el espacio a la izquierda del PSOE en la Comunitat Valenciana ya tiene marca para la cita electoral del próximo 29 de noviembre: Compromís - Front Valencià. La coalición confirmada a primera hora de la tarde de ayer agrupa a Compromís, Esquerra Unida (EUPV), Podem y Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV). Para que esto haya sido posible, Compromís ha debido renunciar al número 1 de la candidatura por la provincia, entre otras cosas porque apenas tiene fuerza electoral en la mitad norte de la provincia.
Finalmente la elegida para enbezar la candidatura unitaria por Alicante será María Teresa Pérez. Nacida en Petrer y con una trayectoria fuertemente vinculada a los movimientos sociales y laborales de la provincia, es la actual coordinadora autonómica de Podem y exdirectora general del Injuve y encarna el perfil opuesto al paracaidismo de las pasadas citas electorales.
A primera vista, la foto proyecta un frente amplio destinado a optimizar cada voto en las tres circunscripciones de la Comunitat. Sin embargo, al comprobar los términos del pacto en la provincia de Alicante, las costuras del acuerdo revelan una combinación de frío cálculo demoscópico, pragmatismo de supervivencia y una herida no cicatrizada con el fenómeno de las candidaturas impuestas desde Madrid.
Para comprender por qué la provincia de Alicante exigía la unión de la izquierda con más urgencia que Valencia o Castellón, basta con acudir a las frías estadísticas electorales. Mientras en la provincia de Valencia la formación valencianista cuenta con una base sólida de entre el 17% y el 20% del electorado, en la plaza alicantina la marca valencianista tiene unos techos sensiblemente más bajos.
Cuando las fuerzas de este espacio concurren en candidaturas de ámbito autonómico o municipal, la presencia de Compromís se concentra en comarcas muy específicas como la Marina Alta, la Marina Baixa o El Comtat, pero flojea ostensiblemente en las áreas urbanas más pobladas y en el sur de la provincia, como la Vega Baja o el Baix Vinalopó.
La prueba de fuego más amarga para el nacionalismo en territorio alicantino ocurrió en las elecciones generales de noviembre de 2019. En aquella cita, Compromís optó por acudir en solitario a las urnas aliándose a nivel nacional con Más País. El resultado en Alicante fue un auténtico varapalo: la papeleta encabezada por la fuerza autonómica apenas cosechó un 4,2% de los sufragios, quedando holgadamente por debajo del umbral del 5% y perdiendo toda opción de entrar en el reparto de escaños.
Los más de 35.000 votos obtenidos terminaron directamente en la papelera del sistema D'Hondt, mientras Unidas Podemos lograba amortizar su 12,8% reteniendo representación parlamentaria.
Ese fantasma de 2019 ha sobrevolado cada minuto de la negociación del pacto del 29-N. Con 12 diputados en juego en la circunscripción de Alicante, la asignación de los últimos escaños se decide siempre por un puñado de "restos". Una fragmentación en tres o dos listas -Compromís por un lado, Podemos por otro y Sumar con EUPV por otro- habría resultado suicida para la izquierda alternativa. El votante de izquierdas
no socialista de la provincia habría visto cómo su representatividad se disolvía por el sumidero de la división, regalando en la práctica el último escaño en litigio al bloque del centro-derecha formado por el Partido Popular y Vox.
Por todo ello, la confluencia bajo Compromís-Front Valencià no obedece a un arrebato de unidad, sino a una estricta ecuación de supervivencia. Agrupadas todas las siglas, la candidatura única asegura un suelo electoral en la provincia de entre el 12% y el 13%, una masa crítica que garantiza matemáticamente retener al menos una acta de diputado por Alicante en las Cortes Generales. Sin ese escaño alicantino, el objetivo estratégico transversal de toda la coalición -constituir un Grupo Parlamentario Valenciano propio en el Congreso- habría quedado dinamitado antes de arrancar la propia campaña.
El paracaidista
Ahora bien, la cesión del primer puesto de la lista por Alicante en favor de los socios de la izquierda estatal entraña una paradoja llena de matices. En los comicios generales de 2019 y de nuevo en los de julio de 2023, el puesto de salida por la provincia estuvo ocupado por el mismo perfil: Txema Guijarro.
El dirigente, madrileño de nacimiento y sin vínculos territoriales de cuna ni trayectoria en la política local alicantina, desembarcó en la circunscripción primero bajo las siglas de Podemos y posteriormente como cabeza de cartel de Sumar. Durante dos legislaturas consecutivas, la etiqueta de "paracaidista" acompañó su figura, siendo un candidato al que apenas se le vio el pelo por la provincia de Alicante salvo en los periodos estrictamente acotados de las campañas electorales para pedir el voto.
Ese antecedente pesaba duramente en las reticencias del valencianismo. Si bien Compromís ha asumido con pragmatismo que en la provincia de Alicante la masa del electorado progresista se moviliza con mayor facilidad bajo las marcas y referentes de obediencia estatal que bajo el paraguas del nacionalismo puro, la cesión del número uno en esta ocasión ha venido acompañada de una línea roja tácita. Ceder la cabeza de cartel a las formaciones de la izquierda estatal (Podem, EUPV o el espacio de Sumar) no supondrá volver a aceptar sumisamente la llegada de un paracaidista enviado a última hora desde los despachos de Madrid.
La militancia y los dirigentes alicantinos han dejado claro que el liderazgo de la papeleta debe recaer en alguien con verdadero arraigo en el tejido social y político de la provincia, capaz de dar la cara por los problemas estructurales de la tierra. Los mismos que no ha sabido defender durante más de tres años como socio de Pedro Sánchez en Madrid sin lograr nada para la provincia 52 de 52 en inversiones.
Otra cosa es lo que suceda cuando se constituyan las Cortes Generales y empiece a rodar la legislatura. Las costuras de la confluencia nacionalista valenciana (son de por sí varios partidos en uno, no siempre bien avenidos) han demostrado ser fragilísimas en la práctica parlamentaria cotidiana. Cabe recordar que en la pasada legislatura los dos únicos representantes que la coalición logró enviar al Congreso por la provincia de Valencia terminaron rompiendo su disciplina interna y dividiéndose en dos grupos parlamentarios distintos: mientras Àgueda Micó (Més-Compromís) decidió abandonar el grupo plurinacional de Sumar para integrarse en el Grupo Mixto tras desavenencias estratégicas, Alberto Ibáñez (Iniciativa del Poble Valencià) optó por permanecer en la bancada del espacio estatal.
Un cisma interno que evidencia que cerrar una lista única bajo la marca Compromís - Front Valencià servirá para salvar la barrera electoral del 29-N en la provincia de Alicante, pero de ninguna manera garantiza un comportamiento unánime una vez que los escaños estén asignados en Madrid.