El nuevo giro del Gobierno sobre la crisis migratoria en Ceuta supondrá el reparto de 500 niñas entre las comunidades autónomas después de que varios ministros aseguraran la devolución de "todas y cada una" de las personas que cruzaron la frontera. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este giro de timón e insta a la Generalitat a asumir la llegada de menores pese a la saturación y la falta de financiación que denuncia la autonomía.
El alto cargo detalló durante su visita de este jueves a Mercalicante que se trata de una competencia plenamente autonómica pese a las reticencias de los gobiernos del PP, que, como el valenciano, se sienten "ninguneados" por el Gobierno central por el recorte del 70 % de la financiación destinada a la atención de menores respecto a 2025.
Así lo criticó la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, el pasado mes de julio, dos semanas antes del asalto a Ceuta.
Ahora, el panorama es aún más complicado para la Comunitat Valenciana, que antes de la llegada de los nuevos migrantes ya tiene un sistema de protección de la infancia con una sobreocupación superior al 160 %.
En el plano económico se ha reducido el presupuesto en esta área de 7,4 millones a 2,6 millones para la autonomía de un fondo de 35 millones para todas las comunidades.
Arcadi señaló que, aunque es una competencia autonómica, el Gobierno ha incrementado con 25 millones de euros adicionales la partida para Ceuta, por ser "un momento de tensión extraordinaria". Pero, en el caso valenciano, apeló al deber institucional y recalcó que, "como los incendios, es su competencia".
El ministro criticó a los presidentes o presidentas de comunidades autónomas lideradas por el PP, a quienes acusó de ser "presidentes a tiempo parcial, porque ejercen sus competencias en función de si les conviene".
Financiación para más atención
Por su parte, la postura de la Generalitat insiste en que es necesaria una "financiación superior, estable y estructural" para garantizar una atención adecuada a los menores migrantes no acompañados.
"Cada vez recibimos más menores y, sin embargo, el Estado reduce la financiación y la Comunitat Valenciana no puede asumir en solitario un esfuerzo que corresponde a todas las administraciones", lamentan.
Tras la entrada en Ceuta, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se aumentó la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las comunidades y ciudades autónomas.
De esta forma, la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida ha quedado cifrada en una ratio de 32,6 plazas para niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto del país.
Esto supone que se atribuye a la Comunitat Valenciana una capacidad ordinaria de 1.900 plazas, una cifra que desde Valencia afirman que no se corresponde con la capacidad real del sistema de protección.
Con todo, el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca mantiene distintas actuaciones judiciales para defender las competencias autonómicas al asumir gastos que no han sido presupuestados.
La Generalitat sostiene que el Ministerio no explica los criterios por los que asigna cada menor a una comunidad autónoma, lo que podría generar indefensión e impedir comprobar si el traslado responde realmente a su interés superior, según la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia.