Dictámenes parlamentarios y técnicos han puesto negro sobre blanco en los últimos años una de las mayores aberraciones de la obra pública española que no solo no ha servido para proteger la desembocadura de un río y crear un puerto deportivo, sino que además ha terminado por acabar con el aporte de sedimentos naturales de las playas vecinas.
Se trata del espigón construido entre 1990 y 1994 por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para encauzar la desembocadura del Segura en el Mediterráneo, en la localidad alicantina de Guardamar. Una obra lineal de 525 metros orientada de forma inversa al resto de todos los espigones construidos en el Levante español, con orientación Este y Noreste (E-NE).
Gracias a este espigón se construyó el puerto deportivo "Marina de las Dunas" de Guardamar, con capacidad para 485 amarres para veleros y embarcaciones de motor de hasta 15 metros de eslora. Unas magníficas instalaciones que han estado prácticamente inoperativas en la última década a consecuencia de los sedimentos acumulados por el río y la falta de mantenimiento, que han hecho prácticamente intransitable su cauce para los barcos de mayor calado.
La situación llegó a provocar el cierre total de la instalación el 20 de septiembre de 2019. "Hasta que el Ayuntamiento se desentendió, salíamos los veleros por todo el canal para hacer regatas con total normalidad", recuerdan los usuarios veteranos.
Tras la construcción del dique, la titularidad del puerto fue cedida por la Generalitat Valenciana al Ayuntamiento de Guardamar del Segura mediante una concesión administrativa con una duración de treinta años. Para canalizar la explotación y el mantenimiento del complejo náutico, el Gobierno local, liderado históricamente por el PSOE, optó por articular una herramienta instrumental de derecho privado: la sociedad anónima municipal Marina de las Dunas, conocida comercialmente como MADUSA -una fórmula de gestión directa mediante sociedad mercantil de capital íntegramente municipal.
A través de este entramado empresarial de capital público, la corporación municipal asumió el control operativo y económico del recinto mercantilizando la asignación de puntos de amarre a través de títulos de cesión de uso que fueron adquiridos por decenas de armadores y aficionados a la náutica recreativa.
Sin embargo, el defectuoso trazado arquitectónico de la desembocadura dictó desde los primeros pasos el destino económico de la empresa municipal. La constante entrada y acumulación de fango y arena obligó a articular una costosa dinámica de trabajos de dragado para mantener un mínimo margen de navegabilidad en la bocana.
Un problema que se ha agravado en los últimos diez años y que los usuarios atribuyen no a la inviabilidad económica de la instalación -la empresa municipal ha cerrado en beneficios los tres últimos ejercicios (86.349 euros en 2023, 209.855 en 2024 y 71.016 en 2025) y el propio alcalde la ha calificado de "autosuficiente"-, sino a la falta del debido mantenimiento durante años.
A pesar de los continuos avisos técnicos sobre la inutilidad de estas actuaciones superficiales y los repetidos varamientos de embarcaciones por falta de calado, la dirección de la empresa pública mantuvo una política tarifaria inflexible sobre 158 cesionarios de los amarres.
Los usuarios han continuado haciendo frente al pago regular de las cuotas ordinarias de mantenimiento mientras la dirección de la firma les repercutía de forma sistemática cuantiosas derramas extraordinarias justificadas en la necesidad urgente de financiar las máquinas draga, intervenciones que en la práctica apenas lograban despejar el canal de acceso durante breves períodos de tiempo antes de que la dinámica marina volviera a colmatar el lecho.
Los cesionarios sostienen que esas derramas, giradas a partir de 2022, son indebidas: el propio título concesional de 1996 pone los costes de dragado a cargo del concesionario, y una sentencia firme de 2022 ya declaró que el dragado es obligación de la empresa municipal, reduciendo un 50% la deuda de un usuario por el servicio deficiente. Aun así, MADUSA llegó a presupuestar como partida estructural de ingresos la "repercusión de dragados a clientes" (44.556 euros en 2025), y las actuaciones realizadas desde 2023 han resultado insuficientes para contrarrestar los años anteriores de abandono.
El conflicto latente entre la administración municipal y la comunidad de usuarios ha terminado por detonar de forma abrupta al aproximarse la fecha de caducidad fijada para la concesión autonómica. A pesar de que la legislación y la lógica de la gestión pública dictan que un proyecto de esta magnitud debe preparar su sucesión o renovación con años de antelación mediante los correspondientes pliegos de inversión y planes de viabilidad, el Consistorio ha apurado los plazos administrativos hasta las vísperas del vencimiento.
Y aunque durante años todas las comunicaciones oficiales hablaron de "prórroga", la convocatoria de la reunión informativa del pasado 8 de julio introdujo por primera vez un lenguaje distinto: el de la "nueva concesión", un cambio que los usuarios interpretan como el reconocimiento tácito de que la continuidad del actual modelo de gestión está en cuestión.
Frente a la inminente pérdida de la titularidad legal, la estrategia del Ayuntamiento pasa por solicitar a la Conselleria competente de la Generalitat Valenciana la concesión de una autorización temporal de funcionamiento en régimen de interinidad, que a 8 de julio aún no se había pedido y que, según los cálculos del colectivo, no llegaría antes de septiembre en el mejor de los casos. Este marco transitorio busca evitar el cierre cautelar de las instalaciones pero lleva consigo una alteración sustancial de las condiciones de explotación del puerto náutico.
La fórmula planteada por la administración local prescinde por completo de la figura de los cesionarios tradicionales para priorizar la figura de las embarcaciones de paso o transeúntes. Esta reestructuración del servicio se acompaña de una drástica revisión al alza en los precios públicos de uso, contemplando incrementos en las tarifas que en algunos casos alcanzan el 69% respecto a los importes históricos abonados por los usuarios de la marina.
Una operación amparada en la insólita doctrina -sin soporte legal, normativo, justificación ni antecedente- de considerar transeúntes a todos los usuarios de amarre, resolviendo así de forma unilateral los derechos de terceros para un período en el que el Ayuntamiento ya no ostentará el título, con el único objetivo de aumentar los beneficios de esta empresa municipal y 100% pública sin atender sus obligaciones.
Esta maniobra ha desatado una indignación generalizada entre la masa social de armadores que durante tres décadas ha sostenido económicamente el recinto deportivo y soportado la falta de mantenimiento. Los afectados denuncian que la corporación municipal pretende desentenderse de los compromisos adquiridos y de la amortización de los derechos de uso abonados en su día, trasladando a los usuarios el coste financiero de un error de ingeniería original y de una gestión pública ineficaz.
La indignación acumulada ante la imposibilidad física de navegar por falta de calado, sumada a la exigencia de derramas consideradas abusivas y al inminente encarecimiento de los precios bajo el nuevo régimen provisional, ha llevado al colectivo de amarristas a articular una estrategia jurídica conjunta. Los cesionarios alistan demandas ante los tribunales para depurar la responsabilidad patrimonial tanto de la sociedad municipal como del propio Ayuntamiento, exigiendo el resarcimiento económico de las cantidades aportadas y la fiscalización judicial de los recursos públicos destinados a unos dragados que jamás resolvieron el problema de fondo del litoral.