La Generalitat ha aprovechado su alianza con otras autonomías costeras para redoblar la presión sobre el Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) y exigirle la transferencia de las competencias de gestión del litoral que ya reconoce el Estatuto de Autonomía valenciano en su artículo 49.1.9 sobre ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
La reunión se ha realizado para coordinar una posición común ante la falta de convocatoria por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el inicio del procedimiento estatal para modificar el Reglamento de Costas.
Al encuentro ha asistido el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, quien ha destacado el “compromiso común” mostrado por las comunidades costeras y ha reclamado “mayor coordinación institucional”. Además, ha subrayado que “el Ministerio no puede abordar una reforma del reglamento de Costas sin contar con las comunidades autónomas”
El nuevo frente común sellado por la Generalitat con otras comunidades con costa reclama al Ejecutivo de Madrid que asuma de inmediato las obras de regeneración pendientes y que paralice los derribos mientras no cumpla sus propios compromisos de protección.
En Alicante este traspaso de competencias afectaría directamente a dos problemas vecinales de primer nivel: la Playa Babilonia de Guardamar y los deslindes en la costa norte de Dénia. Y es que la situación de la Playa Babilonia de Guardamar se ha convertido en el caso emblemático que la Generalitat exhibe para justificar la necesidad de asumir la gestión directa del litoral.
Las históricas casas alineadas frente al mar, con un siglo de vida, que se hicieron para proteger al municipio de las dunas por encargo del Estado al ingeniero Mira, llevan años amenazadas por los derribos derivados de los deslindes estatales y por la falta de regeneración de la playa por parte del Ministerio.
Tras la entrada en vigor de la Ley Valenciana de Costas, la Asociación de Vecinos de la Playa de Guardamar (Babilonia) ha iniciado los trámites para que el núcleo sea declarado asentamiento singular al amparo del artículo 17, con el objetivo de paralizar definitivamente las demoliciones.
La Generalitat ya ha suspendido las órdenes de derribo mientras se adapta el planeamiento a la nueva norma, y el caso de Babilonia se utiliza ahora como argumento político para reclamar que sea la Comunitat Valenciana quien otorgue y revise las concesiones, y no un órgano estatal que, según el Consell, ha incumplido sus propios proyectos de regeneración.
En Dénia, los deslindes en las playas del norte del municipio han encendido otro foco de conflicto que alimenta la ofensiva autonómica por el control del litoral. El nuevo trazado aprobado por el Ministerio afecta a unas 3.500 familias, con especial incidencia en Les Deveses, donde solo en una de las playas hay 23 viviendas en riesgo de derribo, y ha provocado la movilización de las asociaciones vecinales contra un proceso que consideran lesivo para la seguridad jurídica y la propiedad privada.
Conflicto competencial
Desde la Comunitat Valenciana, el Consell sostiene que no se trata solo de una batalla por obras concretas, sino de cerrar el círculo político y jurídico iniciado con la aprobación de la Ley 3/2025 y con la petición formal de traspaso de la gestión del litoral elevada al Gobierno en junio de 2025.
Como ha venido informando este diario, la Generalitat reivindica que actúa exactamente en el espacio competencial que la Constitución y el Estatut le reservan: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo, vivienda y protección del patrimonio histórico y cultural.
En el plano jurídico, la Ley Valenciana de Costas se apoya en cinco pilares: el artículo 148.1.3 de la Constitución, la cláusula estatutaria de ordenación del litoral, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas (especialmente la STC 149/1991), la competencia exclusiva en patrimonio cultural y la doctrina que avala que quien ordena el territorio puede gestionar los títulos de uso del dominio público.
Sobre esa base, el Consell defiende que el traspaso de competencias que reclama al Estado no supone invadir la titularidad estatal del dominio público marítimo‑terrestre, sino ejercer en su integridad la ordenación de la franja costera, desde las autorizaciones y concesiones hasta la catalogación y clasificación de playas.
El Ejecutivo autonómico recuerda, además, que otras comunidades como Andalucía, Cataluña, Baleares o el País Vasco ya gestionan su costa, mientras que la valenciana continúa dependiendo de Costas a pesar de que en su litoral se concentra el 70% de la población y una parte sustancial del PIB.
Mientras la Generalitat se alinea con otras autonomías costeras, el pulso con el Gobierno por la Ley Valenciana de Costas se ventila en la comisión bilateral, con la amenaza de acabar en un recurso ante el Tribunal Constitucional si no hay acuerdo político en los próximos meses.