Hoy, 16 de febrero de 2026, la realidad se impone con la frialdad de una notificación administrativa. Para miles de ciudadanos de nuestro litoral, no ha habido flores; ha habido el peso de una Ley de Costas de 1988 que el Gobierno aplica hoy como un bisturí implacable sobre la piel de sus vecinos.

Gobernar es, en su raíz más noble, el arte de servir. Es el compromiso de dar ilusión, de construir certidumbre y de proteger el esfuerzo de generaciones. Sin embargo, lo que presenciamos es una administración que parece haber olvidado el significado del "amor" en su acepción más cívica: el respeto sagrado por la vida y el patrimonio de quienes mantienen en pie la nación.

Es un "filicidio" administrativo. La analogía es tan dolorosa como real. Cuando el Estado, en su día, autorizó la construcción en nuestro amado litoral, otorgó una licencia de vida. Fue un acto de creación amparado por la seguridad jurídica. Es como cuando una pareja, llena de ilusión, decide tener un hijo. Ese hijo crece, cumple 40, 50 o 100 años, integrándose en el paisaje y la historia.

¿Cómo llamaríamos al comportamiento de unos padres que, décadas después, deciden arrebatarle la vida a ese hijo alegando que las reglas han cambiado? En cualquier código ético, esto sería un acto de crueldad extrema. Sin embargo, cuando el Estado utiliza una ley antigua para expropiar o demoler lo que él mismo permitió y fomentó, estamos ante un filicidio administrativo. No se puede dar la vida legal para luego quitarla sin piedad cuando el ciudadano ha depositado en ella toda su fe y sus ahorros.

Este desamor institucional se manifiesta doblemente. Mientras el bisturí administrativo recorta derechos en la costa, la mano fiscal del Estado asfixia al ciudadano con impuestos abusivos.

Pagamos con puntualidad de enamorados, pero recibimos el trato del olvidado: infraestructuras, brillan por su ausencia las obras para evitar las inundaciones que cada año castigan nuestras tierras; transporte, sufrimos el abandono de unos ferrocarriles que se degradan entre retrasos y falta de inversión; servicios esenciales, las plantillas de médicos y jueces -pilares de nuestra salud y nuestra libertad- siguen bajo mínimos, haciendo la vida cotidiana una carrera de obstáculos.

¿Para qué queremos gobernantes que rompen la ilusión? Gobernar no es recaudar para alimentar la maquinaria del poder; gobernar es comprometerse con el litoral, con la agricultura que nos alimenta, con la sanidad que nos cura y con la seguridad que nos permite dormir tranquilos.

Una advertencia para los que vendrán

Ojalá esta reflexión sirva para los próximos que lleguen al poder y que actúen con una mirada crítica en lugar de ciega. Ser político es estar al servicio del ciudadano, no servirse de él. No se puede liderar una nación si no se siente amor por lo que representa, si no se vibra con el esfuerzo del vecino que cuida su pedazo de costa o del agricultor que mima su tierra.

Como sociedad, no podemos aceptar un Estado que actúe como ese padre que abandona y destruye a su descendencia. Reivindicamos el derecho a tener instituciones que sientan, que protejan y que, en lugar de manejar el bisturí de la demolición, utilicen el pincel de la protección y la inversión.

Gobernar es dar esperanza. Es hora de que dejen de romperla.

Francisco Ros es presidente de la Asociación en Defensa Playas Norte de Dénia