El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que dirige la socialista Sara Aagesen, ha abierto una consulta pública previa para modificar el Reglamento General de Costas, aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
No obstante, mantiene bloqueada la reforma de la Ley de Costas de 1988, que fue retocada en algunos puntos en 2013. La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja la tiene metida en un cajón desde febrero de 2024 y se niega a tramitar un texto aprobado por el Senado, prácticamente similar al aprobado en las Cortes de la región de Murcia y en las Cortes Valencianas, para la protección de su litoral.
De hecho, el Congreso de los Diputados exigió al Gobierno de Sánchez el pasado mes de junio reformar la Ley de Costas de 1983 con los votos no solo de PP y Vox, sino también de PNV, Junts, Coalición Canaria y otros partidos que sustentan al ejecutivo de PSOE y Sumar, los únicos que votaron en contra.
Según explican los vecinos afectados, la excusa de la reforma del reglamento de Costas viene impulsada desde la Unión Europea (UE), que afea al Gobierno español las sucesivas prórrogas de las concesiones otorgadas a las empresas e industrias en el dominio público marítimo-terrestre, entre otras, los chiringuitos costeros.
La Comisión Europea, en su Paquete de procedimientos de infracción de diciembre de 2024, emitió un dictamen motivado contra el Gobierno español por incumplir la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE).
"La Comisión considera asimismo que prorrogar la duración de estas concesiones con arreglo a la legislación nacional, que en algunos casos es de hasta setenta y cinco años, infringe la misma disposición en la medida en que supone un derecho preferente en favor de los operadores establecidos".
Y añade, "la normativa española restringe indebidamente la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que obstaculiza el acceso a las concesiones por parte de operadores de otros Estados miembros".
Los vecinos desconfían y aseguran que el MITECO y su Dirección General de Costas quieren aprovechar este nuevo decreto para incluir en esas concesiones también las concesiones no empresariales o industriales, como pueden ser las de viviendas. Algo que afectaría directamente a núcleos etnográficos de especial interés patrimonial como las centenarias casas de Babilonia, en Guardamar del Segura.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaró nulo el anterior decreto en febrero de 2024 -el mismo tiempo en que se presentó la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Senado pero bloqueada en el Congreso-, que modificaba el Reglamento General de Costas, por omisión del trámite de consulta pública.
La nueva consulta se realiza al amparo del artículo 133 de la Ley 39/2015 sobre procedimiento administrativo común y del artículo 26 de la Ley 50/1997 del Gobierno, y busca recabar la opinión de personas y entidades potencialmente afectadas antes de iniciar formalmente la tramitación del nuevo real decreto.
Las alegaciones, comentarios y contribuciones deben enviarse por correo electrónico a la dirección buzon-sgdpmt@miteco.es, indicando en el asunto “Consulta modificación RGC”. El plazo para remitir documentación permanece abierto desde el miércoles 4 de febrero de 2026 hasta el jueves 19 de febrero de 2026.