Decenas de asociaciones vecinales del litoral valenciano (una treintena de las 54 que en España están integradas en Somos Mediterránea) han presentado alegaciones conjuntas a la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, ahora en consulta pública en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Los colectivos, integrados en plataformas de municipios del litoral de la Comunitat Valenciana, reclaman que la reforma no se convierta en una vía para simplificar o rebajar los controles precisamente en aquellos proyectos que más condicionan el futuro de sus playas: puertos, dragados, defensas rígidas, regeneraciones y grandes obras en la costa.
Las asociaciones proponen ajustes “normativos y de técnica regulatoria” para que la decisión entre evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada garantice una protección efectiva cuando haya en juego regresión de la línea de costa, inundabilidad o cambios en la dinámica litoral. Sobre las causas reales de la regresión según los ingenieros, no dando el "cambio climático" como única causa del avance del mar sobre la costa como sucede en Guardamar o Dénia.
La crítica de fondo es clara: los vecinos rechazan que la regresión de las playas se explique casi en exclusiva por el cambio climático, o en su defecto, por la presencia de sus viviendas en primera línea. De este modo apuntan a un problema mucho más "incómodo" para las administraciones y ciertos sectores económicos. En sus alegaciones subrayan que la erosión y el déficit de arena dependen de la suma de presiones acumuladas en el tiempo: embalses que retienen sedimentos, puertos y espigones que cortan la deriva litoral, dragados reiterados y extracciones de áridos en cauces que vacían el sistema sedimental de las cuencas.
Según estos colectivos, en muchos tramos del litoral valenciano la urbanización actúa como factor de exposición —al rigidizar la trasplaya y aumentar el daño cuando llegan los temporales—, pero no puede definirse como la causa principal de la regresión sin un análisis riguroso del presupuesto de sedimentos de cada unidad costera. Por esta razón, reclaman que los estudios de impacto distingan claramente entre causas de la erosión y factores que hacen más vulnerables a las personas y las construcciones, y que se apoyen en series históricas, teledetección satelital y campañas de campo, y no solo en fotografías puntuales o modelos poco contrastados.
Las asociaciones exigen que la construcción y ampliación de puertos, las defensas y estabilizaciones de costa, las regeneraciones con grandes aportes de arena y los dragados en dominio público marítimo-terrestre se incluyan, como regla general, en el régimen de evaluación ordinaria. Consideran que no basta con calificarlos de proyectos de “mantenimiento”, “adecuación” o “urgencia” para rebajar su nivel de control ambiental, y advierten de que etiquetas administrativas de este tipo han servido en el pasado para tramitar sin suficiente análisis obras con efectos importantes sobre las playas.
El documento pide también que la reforma de la ley obligue a analizar los efectos acumulativos de las obras a escala de unidad sedimentaria, y no tramo a tramo. Ponen como ejemplo la interacción entre puertos, espigones, regeneraciones y extracciones fluviales, que puede desplazar la erosión de un municipio a otro, creando “ganadores” y “perdedores” en el reparto de arena a lo largo de la costa. Reclaman que cualquier actuación con capacidad de alterar el transporte de sedimentos, aumentar la inundabilidad o trasladar el problema a la playa de al lado se someta a un estándar preventivo alto y a un plan de seguimiento con indicadores claros y medidas correctoras predeterminadas.
Las alegaciones insisten en que la elección entre evaluación ordinaria y simplificada no puede decidirse solo por el tipo formal de proyecto ni por la existencia de otros informes sectoriales. En su opinión, la reforma debe fijar umbrales objetivos que activen automáticamente la evaluación ordinaria cuando haya incertidumbre elevada, regresión acreditada, inundabilidad relevante o conectividad cuenca–litoral, y garantizar que la ciudadanía pueda acceder a los datos, entender las alternativas y comprobar si se cumplen los compromisos de seguimiento.
Delitos de odio, contra los vecinos
Desde Somos Mediterránea también han salido al paso de las informaciones lanzadas por el MITECO dirigido por la ministra socialista Sara Aagesen contra "el aumento de los ataques y los discursos de odio contra los divulgadores climáticos, meteorólogos y periodistas".
Al anuncio de la ministra de enviar a Fiscalía todos los discursos de odio contra quienes defienden la importancia del cambio climático, desde la asociación de asociaciones vecinales del litoral, responden que también "es alarmante el aumento de los discursos de odio contra los que luchan contra la desinformación climática. Esta deriva está afectando también a vecinos y asociaciones del litoral, que están siendo estigmatizados públicamente sin rigor técnico ni contraste alguno".
De hecho, Somos Mediterránea ha denunciado que "tras el reciente temporal marítimo que ha afectado a numerosas playas del litoral mediterráneo, queremos alertar con urgencia a la opinión pública y a los medios de comunicación sobre la difusión de un relato falso, simplista y socialmente dañino". Mensajes que "criminalizan a familias que no son okupas, sino que adquirieron sus viviendas de forma legal y que hoy sufren las consecuencias de una mala gestión estructural del litoral. Se trata de un señalamiento injusto que convierte a las víctimas en culpables".