En uno de los edificios más viejos del centro de Valencia, una vecina se resiste a abandonar su vivienda, vinculada a su familia durante 105 años, a pesar del inminente riesgo de derrumbe y la insistencia de un fondo francés que ha comprado el bloque y de unos desokupas de Alicante.

Lo que muchos interpretan como una historia de resistencia vecinal contra la voracidad de constructoras extranjeras es, ni más ni menos, un chantaje tras el cumplimiento de un contrato y la apropiación de 6.000 euros.

A pesar de lo vendible de la narrativa de David contra Goliat, esta vez el pequeño no mata al grande, sino que trata de llevarse dinero de sus bolsillos.

La calle Sogueros número 2 de Valencia es noticia por la resistencia de Susa, una patronista que vive en una vivienda alquilada en un edificio de 117 años, que ha estado vinculado a su familia desde hace 105 años.

Es la única vecina de un bloque fantasma en el que, desde hace varios años, no vive nadie por existir un riesgo de derrumbe en la fachada trasera.

Un fondo de inversión francés de viviendas residenciales compró este edificio hace cuatro años para reformar su estructura y hacerlo habitable, pero Susa se ha negado a que se realicen las obras, a pesar de que esto pueda poner en riesgo su vida en cualquier momento.

Más allá de la versión de la vecina, que alega que se la quiere echar de su casa familiar con un siglo de historia, los contratos firmados por ella con el fondo, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, desmienten esta 'heroica' resistencia.

Inhabitable

Este fondo elaboró un informe oficial con un arquitecto en el que se concluye que las condiciones del inmueble lo hacen "incompatible con los requisitos mínimos de seguridad, salubridad y habitabilidad establecidos en la normativa vigente".

"Contiene graves afecciones estructurales en elementos portantes de madera (vigas y viguetas), con riesgo de fallo inminente; deformaciones importantes (flechas) que comprometen la estabilidad de forjados, y ausencia de la fachada posterior", se explica en el documento.

Todo ello se suma a "condiciones de insalubridad e inseguridad generalizadas, que incumplen los requisitos mínimos para su uso como vivienda".

Con todo, y los permisos de obra del Ayuntamiento de Valencia, la vecina, que paga 300 euros al mes y tiene contrato hasta 2029, negoció con el fondo y les pidió 60.000 euros para entregarles la vivienda.

Una responsable del fondo lo cuenta así: "Fue ella la que nos pidió 60.000 euros y aceptamos para agilizar el proceso. Nosotros no teníamos intención de que se fuera de la vivienda, solo necesitamos reformarlo para garantizar su habitabilidad".

"Ella podría haber vuelto a la vivienda después de que hubieran concluido las obras para asegurar el edificio y vivir ahí hasta que acabara el contrato", sostiene.

Pese a ello, acordaron darle 6.000 euros por adelantado y otros 60.000 euros si les entregaba la vivienda antes del 15 de mayo, para poder ponerla en venta.

"Esto es mucho más dinero que los 7.000 euros que le quedarían por pagar de alquiler", señala otra fuente del fondo.

"Además, en el contrato firmado nos comprometíamos a dejarle un local para guardar sus pertenencias y a correr con los gastos de la mudanza", añade.

Chantaje

Todo parecía ventajoso para ambas partes, pero la sorpresa para la firma llegó cuando la vecina se negó a marcharse, se quedó con los 6.000 euros y les pidió 120.000 euros para irse.

"No es que queramos sacarla nosotros, es que tenemos el permiso del Ayuntamiento para reforzar el edificio porque ahí no se puede vivir", apuntan.

"Un día va a ir al baño y se le va a caer la pared. Pero no podemos reforzarlo con ella dentro", señalan representantes del fondo.

Antonio Planas, jefe de la empresa de desokupación alicantina APD Security Iberia, ha ido a Valencia con varios miembros de su equipo para mediar con la vecina y hacerla entrar en razón.

"Es una caradura que tiene una tienda y otro piso y está intentando que el fondo le pague un piso nuevo", asegura.

"Está llamando a asociaciones de okupas y a medios de comunicación para meter presión y okupar el edificio. Incluso ha sacado sus cosas y no deja entrar a los demás compradores que van con sus arquitectos a ver cómo reformar sus casas", lamenta.

Desde el fondo aseguran que tiene que salir sí o sí por su seguridad y lamentan que tenga que hacerse por vía judicial y que se hayan retrasado las obras.

"No solo nos fastidia a nosotros, está yendo en contra de los propios vecinos del barrio que han comprado estos pisos", concluyen.