30.000 hectáreas de cultivos de la provincia de Alicante dependen del trasvase Júcar-Vinalopó, una obra que se inició en el año 2002 y que hasta el año que viene no estará completamente finalizada en la parte del postrasvase, la que depende de la Generalitat Valenciana. Una obra que ha tenido múltiples obstáculos que salvar, desde el cambio de toma en 2005 decretado por la entonces ministra socialista Cristina Narbona, que lo hacía inoperante para la agricultura, a la rotura de la balsa principal.

Desde la Generalitat confirman que a finales de este año estará terminado el tramo I del postravase y que el año que viene se terminará el tramo II, conocidos como el "desdoblamiento". Pero a los agricultores de la provincia no les vale. Si el Gobierno central de Pedro Sánchez no arregla la balsa principal del agua que llega desde el Azud de la Marquesa (Cullera) a Villena, toda la inversión carece de sentido.

José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante recuerda que se trataba de "un proyecto sobre todo ambiental", para recuperar los acuíferos del Alto Vinalopó en Villena, que surtían de agua a buena parte de la provincia.

"Ese fue su concepto y el diseño pasaba porque parte de esa aportación fuese de agua para beber, desde Elche, Alicante y toda la costa de la Marina Baja. Pero con el cambio de toma de Cortes de Pallas a Cullera, que estaba ya terminada, se inhabilitó ese agua para beber por los arrastres que cualquier desembocadura de cualquier río del mundo,con una alta tasa de contaminación difusa", explica Andreu.

Andreu resume: "Eso lo trastoca todo y ha hecho que prácticamente durante 20 años esa infraestructura que es vital para la provincia de Alicante, haya estado parada. Afortunadamente los últimos años se ha recuperado, se ha puesto en marcha, y ya hay una hoja de ruta para ponerlo en funcionamiento".

No obstante, quedan dos hitos importantes, señala el representante de los agricultores, la planta fotovoltaica que hay que hacer para abaratar el coste de la de la energía necesaria para que llegue el agua y la balsa: el embalse de San Diego.

En una respuesta parlamentaria en enero de 2024, el Gobierno aseguró que no tenía ninguna "urgencia" en su reparación: "La balsa de San Diego se diseñó para un volumen anual de agua transferida de

80 hm3 /año. El volumen de agua anual a gestionar en los diez años de vigencia de la adenda recientemente firmada no requiere necesariamente la reparación de esta balsa, razón por la que la puesta en servicio de esta no se considera urgente".

Tanto para la Generalitat Valenciana como para los agricultores de Alicante, esa respuesta ha generado mucho malestar. Desde la Dirección General del Agua aseguran que en cada reunión exigen al Gobierno que se repare o se vuelva a construir una infraestructura de más de 40 millones de euros que no se puede utilizar. El Ministerio para la Transición Ecológica hace oídos sordos.

"Fue una gran pifia del Ministerio de Transición Ecológica de la que no entiendo cómo no se han exigido responsabilidades al proyectista o a la empresa constructora, porque si se hace un embalse no es para que se pierda el agua al mismo ritmo que entra. Es un auténtico desastre. Ese embalse hay que ponerlo en marcha porque debe ser el pulmón que acumule y regule el agua", señala Andreu.

"No es cuestión de taparle una fuga. Es que todo el embalse es una pura fuga. Es un mal concepto de diseño, y probablemente de mala ejecución. Si no se consigue que ese embalse sea operativo, todo el concepto que hay de energía renovable y de funcionamiento hasta los 30 hectómetros que puede llegar a traer el Júcar-Vinalopó, no funcionará", concluye el presidente de Asaja-Alicante.