La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) inauguró la semana pasada "las jornadas de participación y divulgación de los documentos iniciales" del cuarto ciclo de Planificación Hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Segura correspondiente al periodo entre 2028 y 2033.
Según el comunicado de la CHS, "las cuestiones relevantes de cara al siguiente ciclo que en gran medida son continuación y ampliación de las que contempla el plan vigente, a saber: problemática de las aguas subterráneas, garantía de los recursos utilizados en el regadío asociado al ATS, cuenca vertiente Mar Menor, protección de las aguas, especialmente las subterráneas".
Y añadió que "especial consideración tendrá la prevención de los efectos de fenómenos extremos como inundaciones y sequías en el actual contexto de cambio climático". Lo asegura seis meses después de que la gestión de la CHJ se ha visto cuestionada en la dana del 29 de coctubre pasado en Valencia.
En este contexto, expertos en temas hídricos como el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la UA y diputado nacional del PP, Joaquín Melgarejo, recuerda que el Partido Popular "viene reivindicando retomar la negociación del Pacto Nacional del Agua, desde el diálogo y el consenso, con participación de todas las Comunidades Autónomas y los sectores afectados, y con vocación de aportar soluciones en todo el territorio nacional".
Un Pacto que "incluya una serie de inversiones prioritarias en saneamiento, regulación y abastecimiento, mejora en la gestión de los recursos hídricos, ahorro y eficiencia, control de inundaciones, y actuaciones para garantizar el recurso hídrico para regadíos, aprovechamiento y uso de las infraestructuras existentes".
Inversiones
No en vano, asegura el experto de la UA, "la inversión en regadío y obras hidráulicas es hoy, más que nunca, una necesidad ineludible. España debe responder con determinación ante la evidencia clara de que solo una adecuada preparación, traducida en infraestructuras bien planificadas y ejecutadas, puede convertir el riesgo de inundaciones en una oportunidad para combatir la sequía y asegurar un suministro hídrico sostenible".
A este respecto Melgarejo recuerda que según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), "España necesita invertir 85.000 millones de euros en obra hidráulica hasta 2035 para adaptar su red a los requerimientos de calidad necesarios".
"Hay 41.000 millones de euros de inversión planificada en infraestructuras del agua, principalmente 11.016 millones en saneamiento y depuración, 8.748 millones en medidas de abastecimiento y regadío, 4.876 millones en actuaciones relacionadas con la gestión y restauración y 4.871 millones en actuaciones relacionadas con regadíos y planes para la agricultura".
Sin embargo, "se requieren otros 44.500 millones de euros adicionales, hasta sumar 85.000 millones en total, para modernizar y adaptar la normativa del stock de capital público de las infraestructuras hidráulicas. En esa cantidad adicional se incluyen 15.643 millones en conversión de redes de alcantarillado unitarias a separativas, 15.000 millones en adaptación del stock nacional de depuradoras a la nueva directiva europea o 10.849 millones para la reposición de las redes de suministro de agua urbanas, entre otros".
Entre tanto, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha insistido, con razón, en la urgencia de incrementar la inversión en infraestructuras hidráulicas, especialmente en regadío, como una medida estratégica para combatir estos fenómenos extremos. Según Fenacore, existe actualmente un déficit inversor de alrededor de 3.000 millones de euros en obras hidráulicas ya aprobadas, destacando además la necesidad imperiosa de construir 27 embalses proyectados que deberían estar terminados antes de 2027".
Melgarejo, con estos datos de Fenacore, señala que "sólo tres de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos se han ejecutado, por lo que un 70% de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han ejecutado, pese a haberse recogido en los diferentes planes de cuenca".
"En España la media anual de inversión real en el ciclo urbano del agua no alcanza el 50% de lo necesario, teniendo en cuenta tanto las necesidades de renovación de las infraestructuras como las nuevas necesidades derivadas de las nuevas exigencias europeas, se estima que el déficit de inversión anual alcanza los 5.700 millones de euros anuales (AEAS)".
Para añadir que "se deben garantizar unas tarifas más sostenibles que garanticen los servicios de agua urbana. España cuenta con una de las tarifas más bajas de Europa y el precio del agua está muy lejos de llegar a cubrir el coste de los servicios y de las exigencias marcadas por la Directiva Marco del Agua (con un céntimo de euro un ciudadano dispone de 5 litros de agua, abastecimiento y saneamiento). Se mantiene la heterogeneidad, al no existir una armonización tarifaria ni un marco de referencia nacional, lo cual genera inequidad entre los ciudadanos en función del territorio. La tarifa debería contemplar el factor inversión, ya que sería la solución estructural para hacer sostenible el sector del agua urbana".
Para Melgarejo, "esta sin duda podría ser una de las competencias que podría asumir la Autoridad Nacional del Agua" que lleva solicitando el PP desde que se presentó el catedrático como candidato al Congreso por Alicante. "Es necesaria la incorporación de toda la legislación referida a la gestión del agua urbana, de manera integrada dentro de la política hidrológica del país, con objetivos concretos como armonizar las estructuras tarifarias y garantizar la estabilidad y sostenibilidad medioambiental, económico-financiera y social de los servicios de agua urbana, aportando seguridad jurídica y transparencia", concluye Melgarejo.