Algunos de los conflictos legales con mayor repercusión en los últimos meses y años tienen una conexión con Alicante. Tanto el rey emérito Juan Carlos I como Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han contratado los servicios de la abogada alicantina Guadalupe Sánchez.
La abogada ha vuelto al foco mediático tras haber sido la elegida por el rey emérito para reclamar 50.000 euros al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por las "expresiones injuriosas" que el político habría dirigido contra el monarca entre los años 2022 y 2025 "en distintos medios de comunicación".
Esta alicantina, nacida en 1977, se encarga de los casos punteros del bufete Novalex, que ella misma dirige desde 2004. Su ascenso mediático se produjo al firmar las reclamaciones económicas que la pareja de Ayuso, acusado de corrupción en los negocios y administración desleal, ha dirigido contra varios ministros y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los que acusa de haber vulnerado su honor al tacharle de "delincuente confeso".
Pero su carrera y su experiencia en los casos más mediáticos vienen de atrás, habiendo representado a Rafael Marcos, padre del hijo de la activista indultada María Sevilla, quien demandó en 2022 a la entonces ministra Irene Montero por tildarle de maltratador. También defendió al cineasta Carlos Vermut tras ser acusado por seis mujeres de violencia sexual.
Lleva más de 20 años ejerciendo la abogacía y es colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela. Allí, en la comarca de la Vega Baja, tiene una vivienda, concretamente en la localidad de Guardamar del Segura.
Esa misma propiedad fue asaltada el pasado mes de enero por una banda de ladrones encapuchados que se llevaron un portátil Mac, otro ordenador, dos teléfonos móviles y tres tablets.
En un primer momento, se creía que podría estar relacionado con un intento de obtener información confidencial sobre el caso de González Amador. Sin embargo, los autores, dos mujeres y un hombre, fueron detenidos en el puerto de Algeciras con otros ordenadores, lo que determinó que se trataba de delincuencia común.
Perfil conservador
Guadalupe Sánchez no reniega de los focos, sino que le gusta dar qué hablar y no duda en verter sus polémicas opiniones en sus redes sociales, donde es conocida como @Proserpinasb, y en diferentes medios de comunicación.
En sus cuentas personales, carga contra el Gobierno y defiende la presunción de inocencia de personajes públicos como Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, o el exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón.
Tiene una relación cercana con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, esta política fue la encargada de presentar sus dos libros: Populismo Punitivo (2020) y Crónica de la Degradación Democrática Española (2023).
En Populismo Punitivo la letrada explica cómo surgió el llamado 'derecho penal de autor', sistema punitivo que castiga a las personas por sus características personales en lugar de por las acciones delictivas que cometen. Así fue en la Rusia soviética y en la Alemania de Hitler.
Y analiza cómo el 'derecho penal de autor' ha evolucionado hasta el 'derecho penal del enemigo', que sanciona a las personas por su peligrosidad y no por sus hechos objetivos y acreditados.
Sánchez sostiene advierte del riesgo de que esos sistemas punitivos adopten "variantes identitarias", con los inmigrantes o con el feminismo.
A su juicio, "vivimos inmersos en un proceso de ideologización del Derecho Penal que los populistas excusan en la protección de identidades colectivas, principalmente el género (sexo) y la idiosincrasia nacional".
Además de ejercer ante los tribunales de justicia, colabora regularmente en las tertulias del programa radiofónico Herrera en COPE y como articulista en el periódico digital The Objective, entre otros.