La abuela del pequeño Aitor, un niño de tan solo 8 años que murió por peritonitis por supuesta negligencia médica de dos médicas en octubre de 2020 en la provincia de Alicante, ha transmitido este lunes en el inicio del juicio de que las facultativas "tienen que pagar aunque lleven una bata blanca".
"Sí que se puede llegar a los juzgados (...). Al igual que cualquier persona comete un delito y lo paga, ellos también tienen que pagarlo. Si son culpables, lo tienen que pagar (...)", ha manifestado la abuela de Aitor, acompañada de su abogada, en declaraciones a los periodistas tras la primera sesión de la vista oral sobre esta causa, informa Efe.
Los hechos ocurrieron a partir del 24 de octubre de 2020, cuando el pequeño Aitor empezó a padecer dolor abdominal en la casa familiar de Petrer y pasó cinco veces por urgencias hasta su muerte, el 28 de ese mes.
La abuela de Aitor, que tenía cedida su custodia por parte de la madre, ha dicho: "Cuando nos arrebatan la vida de un hijo, nos lo quitan todo", antes de pedir a los familiares que han sufrido también presuntos casos de negligencia médica que, frente al "dolor, saquen las entrañas de dentro (...) y que luchen por hacer justicia, porque nuestros hijos se lo merecen. A mi Aitor le prometí que le iba a hacer justicia".
Su representante legal ha expuesto que se dan versiones "muy contrapuestas" porque las dos procesadas "siguen argumentando" que la atención que ellas practicaron a Aitor fue la correcta, mientras que la acusación particular que ejercen y el perito judicial entienden que hubo una mala praxis.
La letrada de la abuela de Aitor ha explicado que solicitan, en principio, un delito de homicidio por omisión, 21 años de prisión, aunque ha precisado que a lo mejor pueden modificar la calificación en función de cómo se desarrolle el juicio.
Por su parte, la fiscalía de Alicante pide penas de entre un año y diez meses y dos años y cuatro meses de cárcel para las dos facultativas, quienes han declarado en la primera vista oral -al igual que la abuela, su pareja, la madre biológica y otros testigos- y han defendido que actuaron de manera correcta.
El pequeño fue diagnosticado, al ser atendido, de gastroenteritis aguda que se le remitiría en cuatro o cinco días y, según la versión de las dos médicas, no presentaba ningún signo de alarma, no padecía de deshidratación y los vómitos que sufrió no tenían contenido sanguíneo.
Una de las procesadas, que en ese periodo estaba en el Hospital de Elda, ha asegurado que le realizó al pequeño la exploración cardíaca y abdominal, ha señalado que el control de azúcar que se le practicó estaba dentro de la normalidad y ha indicado que le hizo una segunda valoración antes de darle de alta.
La otra acusada, médica de cabecera del Centro de Salud de Petrer que le asistió con posterioridad tras haber sido atendido en el citado hospital, ha reiterado que no tenía ningún signo de alarma, ha asegurado que leyó los informes facultativos previos y ha reconocido que no le hizo ninguna prueba porque no disponen de medios en ese centro para ello, por lo que recomendó a la abuela que lo llevara al hospital.
Una parte de la declaración de esta procesada ha sido desmentida por la abuela de Aitor, quien, además, ha relatado en el juicio que, desde el 24 de octubre de 2020, el pequeño sufría de dolor en la barriga constante y que se metía los dedos en la boca para vomitar porque eso le calmaba el dolor.
Durante la vista oral se ha expuesto que se le administró Buscapina Compositum IM, un medicamento no recomendado habitualmente en pediatría, si bien una de las procesadas ha reseñado que se le puede administrar por la edad que tenía Aitor, 8 años.
A su vez, un médico que ha testificado en el juicio porque atendió al niño en el domicilio antes de ser trasladado al hospital ha considerado que esa medicación no pudo ser la causa de su fallecimiento. El juicio proseguirá el próximo jueves con la declaración de una testigo y pruebas periciales.