Un tribunal de Alicante ha elevado de un año de cárcel a dos y medio la pena a un individuo que ejerció durante nueve años la profesión de fisioterapeuta y quiromasajista en su domicilio de Santa Pola sin titulación académica.
El fallo corrige una sentencia inicial del juzgado de Lo Penal número 3 de Elche que imponía un año de prisión por un delito de intrusismo y pasa a añadir el delito de estafa.
De esta forma, eleva la pena privativa de libertad y obliga a indemnizar con 15.806 euros a un paciente que acababa de sufrir un grave accidente y que, engañado, recibió 225 sesiones que le perjudicaron físicamente. El recurso para incrementar la pena había sido presentado tanto por la fiscalía como por el perjudicado y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana.
Con un ánimo lucrativo, el condenado, O.L.L., publicitaba su casa en la urbanización Gran Alacant de Santa Pola como 'centro de rehabilitación y quiromasaje', además de anunciarse en la red social Facebook como profesional, y realizaba a sus pacientes técnicas manipulativas del aparato locomotor en zonas lesionadas e intervenidas quirúrgicamente.
Para ello, este hombre se vestía con uniforme sanitario y contaba con máquinas terapéuticas propias de la fisioterapia como ultrasonidos, lámpara de infrarrojos y un equipo de electroestimulación.
El perjudicado que demandó judicialmente al falso fisioterapeuta había sufrido un accidente y, tras pasar por el quirófano, tenía lesiones en el cuello, hombro, clavícula.
Fue atendido por el condenado del 6 de septiembre de 2011 al 15 de enero de 2013, con un total de 225 sesiones de rehabilitación por las que pagó 6.750 euros, "no habiendo quedado bien tras el tratamiento".
El tribunal comparte el argumento de los apelantes de que el delito se ha producido en un ámbito sensible como es el sanitario, que conlleva un riesgo para el perjudicado "al ser tratado por quien carece de cualificación para ello" y reconoce "el tiempo perdido".
"Su evolución no ha sido buena (la del paciente) y desconocemos cómo hubiera resultado de haber sido tratado por un especialista y no por el intruso", según la sentencia.
Contra la sentencia de la Audiencia Provincial alicantina cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días.
En un comunicado, el decano del Colegio de Fisioterapeutas, José Casaña, ha subrayado la importancia de estas condenas, que califica de "transcendental precedente" ya que "se ha valorado que lo que está en juego es la salud de los ciudadanos, y que solo los profesionales sanitarios garantizan el derecho fundamental al acceso a una sanidad con plenas garantías".