Calpe

Ocho meses de trabajos comunitarios. Esa es la pena que tendrá que asumir un hombre de 45 años y residente en Calpe después de confesar sus delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y falsedad de documento oficial.

El acuerdo logrado en el inicio del juicio le permite así cambiar el cumplimiento de una condena de tres años de privación de libertad, como recoge Efe. Para conseguir este pacto de conformidad con la Fiscalía el acusado tenía que asumir la autoría de los hechos.

¿Cómo ha logrado estas condiciones? Según explican, el Ministerio Público establece en este acuerdo que el procesado carecía de antecedentes penales. Por eso plantean la suspensión de su ingreso en prisión durante cuatro años con la condición de que no volviese a delinquir en ese periodo.

La sentencia, dictada por un tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, confirma la imposición de la condena pactada. Con ella se dan por probados los hechos admitidos por el acusado.

Las sustancias encontradas

¿Qué es lo que ha reconocido el condenado? La resolución judicial establece que el 13 de enero de 2015 se practicó un registro en el domicilio del acusado donde se descubrió que estaba en posesión de diferentes cantidades de drogas.

Como detallan, allí encontraron 51 pastillas de anfetamina, 56 gramos de cocaína y otras indeterminadas de cannabis. Todas ellas, prosiguen, con la finalidad de destinar esas sustancias al tráfico ilícito.

Los estupefacientes no fueron lo único que encontraron en aquel registro. Como indican, también hallaron en la misma vivienda una diversidad de armas para las que no contaba con la correspondiente licencia, como reconoció el acusado.

Las armas

En ese listado que el tribunal considera probado se incluían varias armas blancas, un revólver simulado, dos armas de aire comprimido, una pistola Taser y otra lanzabengalas, un machete, dos puños americanos y un bastón estoque.



A las sustancias estupefacientes y las armas faltaba añadir las pruebas del tercer delito. Los agentes encontraron hasta ocho motocicletas "adquiridas con las ganancias obtenidas con su actividad ilícita". Y, según la resolución judicial, dos de ellas portaban matrículas falsas correspondientes a turismos.