Alicante

La Confederación Valenciana de Padres de Alumnos (Covapa), AMPAs Vega Baja y la Plataforma de Profesores por la Libertad Lingüística anuncian a través de un comunicado "el masivo rechazo de la comunidad educativa de la Vega Baja a los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC)" de la Generalitat valenciana. 

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Tal y como ha informado este diario, los PLC suponen una inmersión lingüística en los centros educativos públicos y concertados a través de la imposición de al menos el 25% de las asignaturas troncales en valenciano en todas las etapas educativas a partir del año que viene. Un mínimo que irá aumentando cada cuatro años.

Este proceso fue paralizado para el curso actual (2020-2021) por la pandemia de Covid-19. Y pese a que se ha pedido aplazar de nuevo su aplicación por la crisis sanitaria, desde la Consejería de Educación dirigida por el nacionalista Vicent Marzà se ha seguido adelante para el año 2021-2022. El pasado 28 de febrero se acabó el plazo para que cada centro enviase sus PLC previamente votados por los consejos escolares.

Los firmantes del comunicado aseguran que en los institutos de la Vega Baja el rechazo masivo responde al hecho de que los PLC "carecerían de sus principales señas de identidad, la transparencia, la eficacia y el trabajo conjunto de los centros, las familias y la administración educativa y cuya elaboración ha quedado muy lejos de ser el resultado de un proceso participativo".

"La presidencia de la Generalitat valenciana y la Consejería de Educación, desoyen nuestra petición de posponer la elaboración e implantación de los PLC" e insisten "en mantener un proceso que invita a la ceremonia de la confusión", añaden. También, recuerdan que el mismo el proceso llevado a cabo en los centros de primaria, "a día de hoy, ha supuesto un grave retroceso en los derechos lingüísticos de nuestro alumnado".

Los resultados

Más de un 70% de los centros de la Vega Baja (una de las comarcas netamente castellanohablantes) han dicho no a unos PLC "inoportunos", que no son reflejo del trabajo conjunto, cuya elaboración no es el resultado de un proceso participativo y que carecen de transparencia y eficacia. Y resumen: "han dicho no a la imposición del valenciano".

Acusan a la Consejería de no haberse podido celebrar reuniones informativas y de que no se ha podido conocer la opinión de las familias. Porque "responder a preguntas de una encuesta no es conocer la opinión de las familias acerca de los PLC ni su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas".

También recuerdan que como ya han explicado los profesores "no existe una regulación oficial, precisa, pormenorizada y concreta acerca de los términos en los que se han de elaborar los citados PLC". La Ley de Plurilingüismo aprobada por PSOE-Compromís-Podemos en 2018 no se llevó al Tribunal Constitucional porque coincidió con la moción de censura a Mariano Rajoy. A partir de ahí no se ha desarrollado con normativa inferior para que no pueda ser recurrida en los tribunales. Todas las órdenes son verbales.

Irregularidades

Alegan que entre esas órdenes verbales se habla de "programas experimentales, exenciones, implantación secuenciada por niveles de las distintas etapas, porcentajes…" sin que exista una norma clara a la que acogerse. "Esta falta de regulación está provocando también discriminación entre territorios de la Comunidad, generando el hecho de que haya centros a los que se les va a autorizar el no aplicar la ley mientras que a otros sí se exige el cumplimiento de la ley", continúan.

Los firmantes aseguran que no se han respetado las normas de funcionamiento de los consejos escolares, órgano democrático para el gobierno del centro. "En muchos casos, sus miembros no han recibido los PLC ni con la antelación suficiente, ni durante, ni después del consejo escolar. Simplemente, han accedido a la información que desde los equipos directivos les han querido comentar verbalmente".

También, sobre las amenazas recibidas: "En otros casos, consejeros y consejeras escolares nos trasladan su zozobra por las advertencias recibidas en caso de no votar afirmativamente y su repercusión posterior, tanto en el propio proyecto como en otros programas educativos del centro. O peor aún…. recibir la sugerencia de votar afirmativamente porque “esto no afecta directamente a tus hijos, esto se aplicará a los niños que llegan el año que viene de primaria…”.

Incluso se han dado casos de consejos escolares que no han votado, pero en Consejería hay un acta que así lo afirma, votaciones que no alcanzan la mayoría requerida pero en el papel dice lo contrario o votaciones irregulares porque no se tiene en cuenta el número de miembros totales, sino los miembros que se encuentran presentes en la reunión.

Y es que en varios centros de la Comunidad, se han dado por válidas las sesiones celebradas durante el año 2020, dando por buenos supuestos PLC que carecían de gran parte de la información necesaria para su aprobación. Recordamos que los proyectos sólo podían ser aprobados entre el 1 y el 28 de febrero de este año.

Además, ha habido casos en los que los centros se han visto obligados a rectificar convocando consejos escolares con posterioridad al 28 de febrero para “regularizar” una forma de actuación que claramente pretendía impedir la participación de la comunidad educativa de sus centros.

En este sentido, los padres y profesores solicitan a la Consejería de Compromís que "haga públicas todas las propuestas de PLC elaboradas por los consejos escolares de cada centro educativo, que informe de la fecha en la que se celebró la sesión y que se indique el total de miembros que componen cada consejo escolar, así como el sentido final de la votación"

Por último, informan de los colectivos firmantes pondrán a disposición de todas las familias y docentes de un servicio de asesoría administrativa y jurídica para evitar que se siga perpetrando la vulneración de los derechos de las familias en materia lingüística.