El luto se mezcla con la rabia a medida que se conocen nuevos datos sobre los múltiples incendios forestales que asolan los distritos portugueses de Coimbra, Castelo Branco y Leiria desde la madrugada del domingo. El fuego es una realidad cotidiana en el país vecino cada vez que llegan los meses de calor, pero el balance de muertos y el modo en que perdieron sus vidas han desatado una lógica indignación.

Si ya resulta incomprensible que en un país desarrollado de la UE un incendio fortuito provocado por un rayo provoque más de 60 muertos y un centenar largo de heridos, la sospecha de que la tragedia se ha visto agravada por una pésima gestión de las tareas de extinción es cada vez mayor. Todos los fallecidos se adentraron a una ratonera sin salida cuando, tratando de huir en sus coches de municipios afectados, se dirigieron sin saberlo al epicentro de las llamas. Quienes permanecieron en sus hogares, sin embargo, se salvaron: movidos por el espanto, el azar precipitó la suerte de unos y otros.

Sin instrucciones

Es verdad que las circunstancias favorecieron la propagación del incendio a una velocidad de vértigo. Las altísimas temperaturas, los fuertes vientos y un exceso de maleza en una masa forestal compuesta principalmente por eucaliptos convirtieron los pueblos y aldeas afectadas en una pira. Sin embargo, resulta inexplicable que los vecinos no recibieran instrucciones precisas sobre cómo comportarse.

El Gobierno de António Costa, que ha postergado la posible depuración de responsabilidades a una futura investigación sobre lo sucedido, está desbordado. Ahora mismo hay más de 2.000 efectivos tratando de sofocar los incendios. España y Francia han enviado aviones para ayudar en las tareas de extinción, pero la situación sigue siendo dramática porque hay muchos focos activos. La torpeza de las autoridades contrasta con la ola de solidaridad de los portugueses, que se han volcado con los afectados y desplazados.

Negligencia

Lo ocurrido es la consecuencia de negligencias y despropósitos acumulados a lo largo de décadas. En Portugal, la gestión de los bosques está privatizada sin que los sucesivos gobiernos se hayan preocupado demasiado por fiscalizar el trabajo de las empresas concesionarias. Además, la crisis económica ha detraído recursos para el saneamiento de los montes y la creación de cortafuegos. Sólo el año pasado, más de la mitad de los incendios registrados en el sur de la UE se produjeron en Portugal, lo que pone más en evidencia la impericia del Gobierno a la hora de reaccionar.

Es indudable que con unas políticas de prevención adecuadas, estos incendios no hubieran resultado tan devastadores. Esta tragedia debe servir, al menos, de lección al resto de Europa y en especial a España, donde los fuegos -la mayoría provocados- son también un problema recurrente.