Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado este lunes un desayuno informativo en Madrid para defender la custodia compartida y la gestación subrogada. Ambos debates no están resueltos en España, generan gran controversia social por encima de simpatías ideológicas y suscitan posiciones encontradas en todos los partidos sin excepción. Muy particularmente en una formación como el PP, donde conviven sensibilidades liberal-progresistas y conservadoras de amplio espectro.

La diferencia estriba en que mientras la legislación en casos de separación con menores avanza hacia la custodia compartida, el fenómeno de los vientres de alquiler es un hecho pese a su prohibición en España. Cada año un millar de parejas españolas viaja a EE.UU., Canadá, Rusia, Grecia o Ucrania para contratar a madres de alquiler por cantidades que oscilan entre los 40.000 y los 200.000 euros en virtud de legislaciones foráneas, con lo que esto supone de inseguridad.

Respuesta del Supremo

Los problemas surgen a la hora de reconocer las filiaciones y dar la nacionalidad a los menores, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a rechazar la "mercantilización de los niños" y la "cosificación de las mujeres gestantes". La posición del Alto Tribunal es de sentido común, pero pretender mantener la prohibición de la gestación subrogada en España ni elimina la práctica ni los problemas aparejados a ella.

La posición del presidente gallego -que ha alegado que la "ética a lo largo de los siglos se va ajustando"- coincide con la de otros dirigentes del PP como Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, y con la postura oficial de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera trató de aprobar una proposición no de ley en la Comunidad de Madrid para pedir que se regulara la gestación subrogada, pero la iniciativa no salió adelante por el voto en contra de tres diputados de populares: dos se ausentaron y otro votó en contra alegando razones de conciencia.

Seguridad jurídica

Dado que los vientres de alquiler son una realidad de hecho en España, lo coherente sería que la legislación ofreciera seguridad jurídica a los padres adoptivos, a las gestantes -al menos, siempre que esta práctica atendiera a una decisión altruista, basada en la gratuidad- y a los niños.

Al fijar posición a favor de regular los vientres de alquiler, Feijóo toma la iniciativa en el debate de la ponencia social del congreso de su partido a sólo dos semanas de su celebración. Su paso adelante, como el de Cristina Cifuentes, contrasta con la consigna habitual de Rajoy de esconder la cabeza para eludir debates espinosos. La estrategia del avestruz además de resultar sumamente irresponsable, más aún tratándose del partido del Gobierno, hurta del debate público realidades de las que la sociedad ya no puede abstraerse.