Hace unos meses quien esto escribe tuvo ocasión de examinar el sumario de la causa 1/39, seguida ante el tribunal militar de Barcelona contra los jefes de la Guardia Civil en Cataluña en julio de 1936, y en cuya virtud se verificó su exterminio sistemático y groseramente antijurídico. Tras una farsa de proceso, en la que se admitieron testimonios mendaces y meros rumores como pruebas de cargo, denegándose en cambio a los acusados todas las pruebas y medios de defensa de los que intentaron valerse, fueron ejecutados el general jefe, José Aranguren Roldán; sus dos coroneles, Francisco Brotons López y Antonio Escobar Huerta; sus tres tenientes coroneles, Antonio Moreno Suero, Modesto de Lara Molina y Juan Aliaga Crespí; y el comandante Mariano Aznar Monfort. Su único delito: mantenerse leales al gobierno de la República y al de la Generalitat, del que dependían, y ponerse frente a la sublevación militar que pretendía derribarlos. A día de hoy, para la ley española, siguen condenados como reos de rebelión militar: la amnistía dictada en su día borra los efectos de la pena (en lo que sea posible borrarlos, sólo de una manera simbólica para un fusilado), no la atribución del delito.

Hace una década, durante la discusión de la Ley de Memoria Histórica, se planteó la posibilidad de que los condenados por consejos de guerra como el padecido por estos dignos y leales oficiales y servidores públicos fueran rehabilitados a todos los efectos jurídicos, ya que a quienes bendijeron con un simulacro de juicio sus asesinatos no iba a poder pedírseles cuentas como consecuencia de esa amnistía destinada a cerrar las heridas de la guerra civil. Y es que una cosa es exonerar a quienes cometieron crímenes y otra mantener legalmente declarados como criminales, por los siglos de los siglos, a quienes nunca lo fueron. La propuesta no salió adelante. Para echarla abajo, alguien alegó, por todo argumento "jurídico", que esas sentencias habían sido dictadas con arreglo a la legalidad entonces vigente (aserto harto dudoso) y que revocarlas "reabriría las cicatrices".

Esta semana el Parlament catalán ha aprobado por unanimidad una ley que rehabilita a las víctimas de esos tribunales de excepción (y en absoluto de justicia) en Cataluña. Es discutible que tenga la competencia para ello, pero honra a los miembros de esa cámara haberse olvidado de dudas competenciales para formular, con rango de ley, la solemne reparación jurídica de las víctimas de aquel atropello infame. Quedan con ello en evidencia, por su cicatería apocada y ominosa, las Cortes españolas, que prefirieron dejar legalmente en pie el veredicto de sus verdugos. Y hay algo que cuesta no pensar, y decir: una cámara que es capaz de semejante demostración de dignidad histórica y democrática, por unanimidad de sus miembros, no merece, como tampoco lo merecen sus representados, envilecerse dando curso a una ley secreta y dictada contra la mitad de la ciudadanía. Aun está a tiempo de evitar tan innecesario despropósito.