La crónica deslealtad de los gobiernos catalanes después de Tarradellas, el cuarto de siglo de cleptocracia pujolista con su enorme red clientelar, la incorporación a esta de la mayor parte de los medios de comunicación locales, la adscripción separatista de cuatro quintas partes de los maestros y, por fin, el proyecto de secesión por la vía de los hechos consumados -apenas decorado bajo una apariencia de legalidad alternativa-, han armado la principal amenaza que enfrenta España, pues atañe a su integridad territorial y a la cohesión social en una parte del país.

Ese problema se resolverá. No hay ni habrá secesiones unilaterales en un Estado democrático, maduro y miembro de la Unión Europea. La solución será más o menos traumática dependiendo de la inteligencia y de la diligencia del gobierno central. Permitir amenazas a los funcionarios que respeten la Constitución sin responder con rotundidad garantizando su protección e invirtiendo la sensación de riesgo constituye un grave error que dificultará la solución cuando llegue. Habrá resistencias, pero el Estado de Derecho se impondrá.

La segunda amenaza más importante es el descrédito de nuestras instituciones. El afloramiento de todo lo que un país puede dar de sí requiere condiciones de seguridad jurídica y división efectiva de poderes con jueces independientes. Exige la auctoritas que confiere el respeto a la igualdad ante la ley y el sometimiento de todos a las reglas de juego, empezando por los propios poderes públicos. La corrupción sistémica de los viejos partidos, y más concretamente la que atenaza al actual partido en el gobierno, tiene un coste incalculable. Incalculable en sentido estricto; en muchos de los grandes negocios realizados bajo concesión -o de la mano de gobiernos autonómicos y municipales, y también del gobierno de la Nación-, no se ha observado la igualdad de condiciones entre las empresas licitantes, ni las normas de transparencia propias de un Estado avanzado. Las concesiones públicas sin riesgo para las compañías agraciadas son inaceptables. Las obtenidas a cambio de mordidas son además delictivas.

Ese problema se resolverá. Tras décadas de impunidad y escasa censura política, la herida supura copiosamente. La nueva aritmética política está obligando a aprobar normas de regeneración que prevendrán y sancionarán adecuadamente la corrupción. Habrá resistencias, pero el Estado de derecho se impondrá.

No falta mucho. En impecables condiciones democráticas y de transparencia, esto es, restablecida la libertad, la prosperidad dependerá de nuestro esfuerzo y de nuestra capacidad para anticiparnos a ciertos fenómenos disruptivos a escala global. Tienen que cogernos preparados.