El rugido del león

El Estado no está para rescatar empresas

La declaración esta semana del preconcurso de acreedores de Abengoa obliga a encontrar una salida antes de cuatro meses para evitar la quiebra de la compañía. Sindicatos y partidos políticos han reclamado la intervención del Gobierno y, algunos, como Izquierda Unida, han solicitado la nacionalización de la empresa.

Sin embargo, las posibles soluciones tienen que llegar del sector privado, como es lógico. El Estado no está para salvar proyectos empresariales fallidos. Quienes deben responder de las empresas son sus gestores y accionistas. Es cierto que está muy fresco el precedente de las ayudas a la banca, ciertamente polémicas, pero en ese caso aún podía alegarse que se trata de un sector estratégico, cuya quiebra hubiera causado un daño a todo el sistema.

Claro que las Administraciones tienen que facilitar, en la medida de sus posibilidades, que se llegue a un acuerdo para evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo, pero ahí termina su labor. En ningún caso debería el ICO ofrecer nuevos créditos a Abengoa, como se ha sugerido, después de haber comprometido 130 millones de euros que podría no recuperar. Tampoco la SEPI puede salir en auxilio de la compañía. El Estado ya se ha dejado en esta empresa más de 400 millones de euros: a las ayudas del ICO hay que añadir 210 millones en seguros públicos y otros 75 millones en financiación de acciones en el exterior.

Hace falta un comprador

El sentido común y las reglas de la economía de libre mercado indican que la solución tiene que encauzarse por otras vías. Hay que buscar un comprador y, a la espera de que aparezca, refinanciar la deuda para que no se detenga su actividad. Cabe acometer una desinversión de activos que disminuya el actual volumen de deuda y también llegar a acuerdos con los bancos acreedores, bien para que acepten una quita, bien para que conviertan parte de ésta en acciones.

En todo caso, hay que tener presente que la familia Benjumea -propietaria de Abengoa- y sus gestores, son los únicos responsables de que la empresa haya llegado a este punto. Fueron ellos los que apostaron por unas energías renovables de dudosa rentabilidad y muy sujetas a la subvención y al calor político.

Opacidad y ocultación de información

Más allá de los errores empresariales, es sintomático también que el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, haya declarado este viernes que desconoce a estas alturas cuál es la situación financiera real de la compañía y su endeudamiento. Y ello es así por la opacidad y la ocultación de información con la que se ha venido actuando desde la dirección de la compañía sin que, por cierto, la CNMV, haya actuado.

Como tampoco tiene justificación que, en una situación crítica, el presidente y el consejero delegado salientes se repartan cerca de 20 millones de euros de finiquito, pese a haber declarado en su momento que no tenían contratos blindados.

Abengoa tiene que buscar una solución realista a una posible quiebra y ello no pasa, precisamente, por que los españoles paguemos su mala gestión. El rescate de una empresa privada no puede correr a cargo de los ciudadanos.