Cibeles le planta cara a las viviendas de uso turístico (VUT) y cierra el grifo a dar nuevas licencias por un tiempo. Este jueves, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba las nuevas acciones que el Ayuntamiento ponía en marcha para equilibrar el mercado del hospedaje de Madrid. 

Entre ellas se encuentra la suspensión temporal de las licencias municipales con carácter inmediato mientras dure la aprobación de la nueva ley, el endurecimiento del régimen sancionador para aquellos propietarios cuyos inmuebles operen como VUT sin tener licencia, el refuerzo de la plantilla de inspectores y la publicación de un listado oficial de VUT con licencia y su ubicación real. 

Las viviendas de uso turístico se han convertido en un quebradero de cabeza para muchos vecinos, sobre todo en el centro de las ciudades de todo el mundo, la zona donde los viajeros eligen normalmente hospedarse. Madrid no es una excepción. 

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Tal y como refleja el informe del Ayuntamiento de Madrid en su plan de acción para ordenar las viviendas de uso turístico, en el distrito de Centro, entre los años 2007 y 2023, la población censada ha descendido un 1,14 % (1.610 personas), pasando de 141.297 habitantes a 139.687, lo que supone una desertización de la zona. En este distrito hay un turista alojado por cada dos residentes, mientras que en la almendra central hay uno por cada nueve vecinos.

Por tanto, ¿Qué piensan los vecinos del centro de Madrid de las nuevas medidas anunciadas por Cibeles? Víctor Rey, presidente de la asociación de vecinos de Sol y el barrio de las Letras, explica en conversación telefónica a Madrid Total que "los pisos turísticos son un problemón que llevamos arrastrando muchos años, que va in crescendo y que está totalmente fuera de control. Calculamos que no hay menos de 9600 viviendas de uso turístico en el centro. Todo eso supone que se encarece la vivienda, se desintegra el concepto de barrio y, a veces, llegan turistas sin educación".

"Lo que plantea el alcalde es un brindis al sol. Dice que no va a otorgar más licencias, pero es que no puede otorgarlas porque la normativa actual establece que solo pueden ser viviendas de uso turístico legales aquellas que estén ubicadas en bajos y con acceso independiente al portal", explica Víctor. "Lo que realmente deberían hacer, es ponerse manos a la obra y resolver los cientos de denuncias que particulares y que el movimiento vecinal han planteado sobre este tipo de viviendas que están incrustadas en edificios residenciales", apunta. 

El presidente de esta asociación continúa explicando que "poner un hotel en un edificio de vecinos es un auténtico quebradero de cabeza" y que "con las nuevas medidas anunciadas no se plantean soluciones". Y añade: "No hay nada nuevo, el problema continúa, se debería poner en marcha un plan de choque verdaderamente efectivo".

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Además, Víctor afirma que "el anuncio de la nueva normativa tardará tiempo en hacerse efectivo y mientras tanto el problema sigue creciendo y los vecinos están cada vez más cansados y enfadados". 

Por otro lado, al preguntar al presidente de esta asociación sobre la prohibición de los pisos de uso turístico que se puede votar en junta de vecinos y aprobarse, explica que "se está promoviendo que las comunidades de propietarios se blinden. Muchas comunidades de vecinos adoptan el acuerdo, pero no llevan el trámite hasta el final y cuando se quieren dar cuenta se ha creado una vivienda de uso turístico en su edificio".  

Por otro lado, desde la asociación de vecinos del barrio de Lavapiés explican que "ojalá se regulen pronto los pisos turísticos, puesto que se han convertido en un problema en el barrio". Pero el optimismo no dura mucho, puesto que añaden que no confían "mucho en las medidas, al final es política".

Prohibir los pisos turísticos

Las medidas anuncias por Cibeles este jueves suponen un gran paso en el marco de la normativa municipal de pisos turísticos. Sin embargo, si los vecinos de una comunidad de vecinos quieren, pueden prohibir los pisos de uso turístico en su edificio. 

Para ello, se debe votarlo en junta y, si el resultado de la votación es favorable, se pueden cambiar o modificar los estatutos de la comunidad para introducir la prohibición. Pero ojo, que añadir esa cláusula no es gratis.

Desde el Registro de la Propiedad de Madrid explican que incluir esta disposición a los estatutos cuesta "entre 2600 y 4000 euros, dependiendo del inmueble". "Hay muchas casuísticas y cada edificio es diferente. Los aranceles para introducir una cláusula como esa en los estatutos se calculan teniendo en cuenta lo que cuesta el edificio, sus viviendas, trasteros, garajes... Por eso es difícil saber exactamente cuánto le costaría de media a un propietario, pero los precios oscilan entre 2600 y 4000 euros, aunque a veces es menos", apuntan desde el Registro de Madrid.

Patricia Briones, Secretaria Técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, explica en conversación telefónica con Madrid Total que "desde abril de 2019 se modificó la Ley de Propiedad Horizontal y en el artículo 17/12 se establece que las comunidades de vecinos pueden llegar a acuerdos que limiten o condicionen este tipo de actividad, siempre y cuando haya una votación favorable de tres quintas partes del total de los propietarios".

Tal y como apunta Patricia, normalmente, "las comunidades de vecinos no quieren limitar esta actividad, sino prohibirla, por lo que ha habido cierta discrepancia doctrinal sobre si con este artículo se podían prohibir las viviendas de uso turístico o no". El punto de inflexión se produjo "cuando se aprueba que sean las tres quintas partes del total de los propietarios porque antes hacía falta la unanimidad de los propietarios. Por tanto, aquel vecino que ganaba dinero con una vivienda turística, siempre iba a votar que no".

En las últimas resoluciones llevadas a cabo en Madrid "se acepta el acuerdo por tres quintas partes del total de los propietarios, por lo que muchas comunidades de vecinos lo están llevando a cabo". 

En cuanto a honorarios del Registro, Patricia explica que pueden ser distintas en cada edificio: "La interpretación del arancel puede variar. Unos consideran que es una modificación estatutaria y otros que es una inscripción de una nueva cláusula y dependiendo de una u otra. Los precios oscilan entre 2600 y 4000 euros, pero cada Registro es el que decide en base a diversos factores", especialmente el valor total de un edificio.