En el expediente se señala que la compañía ha incurrido en una infracción grave de la Ley del Sector Eléctrico, en concreto ha incumplido las obligaciones del sistema tarifario, o lo que es lo mismo, que no ha pagado los peajes (costes) que le supone el uso de la red de distribución eléctrica. 

"Normalmente, cuando una comercializadora no paga a su distribuidora es porque no tiene liquidez, y salta el chivato justo al mes de no hacerlo, una circunstancia que encaja perfectamente a Holaluz si vemos cuál ha sido su trayectoria de los últimos meses", señalan fuentes del sector eléctrico a EL ESPAÑOL-Invertia.

Holaluz busca 'in extremis' evitar la quiebra: 60 millones de deuda y no solo por el 'reventón' del autoconsumo]

En concreto, ha infringido el artículo Art. 65. 3 de la LSE 24/13, que subraya que "son infracciones graves la aplicación irregular de precios y peajes de acceso a las redes de los regulados en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo dictadas por la CNMC".

Y, más aún, si se produce "una alteración en el precio que sea superior al 10% y que, al tiempo, exceda de 30.000 euros". Es decir, "es muchísimo dinero y se refiere a comercializadoras que pudieran haber trasladado a su clientes más coste o de manera irregular el precio de los peajes, pero no significa que Holaluz lo haya hecho, sino que la ley contempla esta otra opción", añaden las fuentes.

También se considera una infracción grave "el incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de peajes, o de sus criterios de recaudación, cuando no suponga un perjuicio grave para el sistema eléctrico".

Según la ley, si no se ha hecho un abono del peaje de acceso a las redes de transporte y distribución por parte del comercializador, la CNMC podría continuar con un proceso que finalizaría con la inhabilitación de sus servicios.

Pago o inhabilitación

"Normalmente, este proceso se inicia porque la distribuidora, al ver que Holaluz no está al corriente de pago de sus obligaciones, lo denuncia a la CNMC", continúan las mismas fuentes del sector a este diario.

De ser así, porque no consigue abonar sus deudas, el MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica) le inhabilitaría. Y como señala el artículo 47 de la LSE 24/13, será "la ministra para la Transición Ecológica podrá determinar, previo trámite de audiencia y de forma motivada, objetiva y transparente, el traspaso de los clientes de dicho comercializador a un comercializador de referencia".

Es decir, automáticamente sus clientes se traspasarían a una comercializadora de referencia (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, TotalEnergies, CHC o Gaselec).

Por tanto, Holaluz deberá "abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a la empresa distribuidora a partir de los datos de facturación", reza la Ley del Sector Eléctrico (art. 46.d).

Y lo debe hacer "con independencia de su cobro del consumidor final". Y también debe "abonar los precios y cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine, con independencia de su cobro del consumidor final".

Caída de un 56,52%

No es la primera comercializadora que, ante un problema de liquidez, no ha podido hacer frente a sus pagos. Pero sí es un capítulo más para Holaluz, más aún porque este proceso podría derivar en un concurso de acreedores, además de la multa por no haber pagado a tiempo a sus proveedores, en este caso la distribuidora eléctrica.

Holaluz acumula una deuda de más de 60 millones y pérdidas de 26 millones de euros en 2023. Sobrevuela el preconcurso de acreedores o la quiebra, incluso si cuenta con la ayuda de un crédito del Instituto Catalán de Finanzas.

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Por el momento, el valor de su acción, que estuvo suspendida de cotización en el BMEGrowth desde el 2 de mayo hasta el 8 de mayo, ha perdido en lo que va de año un 56,52% de su capitalización, situándose sus títulos en 1,48 euros.

De los 160 millones por los que se la valoró en 2019 cuando saltó a bolsa, a caer hasta los 30,64 millones que vale a día de hoy.

Y la presentación de sus cuentas, el pasado 9 de mayo, no disipó ninguna de las dudas sobre la viabilidad de la compañía, tras la negativa de dos fondos propietarios a firmar las cuentas, en un momento en el que la viabilidad de la empresa está en cuestionamiento.

Los fondos Axon Capital y Geroa Pentsioak, accionistas con el 22% del capital y administradores de la comercializadora, se negaron a firmar las cuentas de 2023, "y eso refleja que quieren eximirse, en un posible proceso judicial, de cualquier responsabilidad en la gestión", según explicaron fuentes jurídicas a este diario.