La lógica electoral lleva a pensar que el Gobierno alargara esta medida al menos unos meses porque no conviene retirarla a pesar de que sus efectos no están siendo los deseados, según fuentes del sector. Estas mismas fuentes se muestran muy tranquilas en este sentido. “La recaudación va bien y estamos en periodo electoral, por lo que creemos que se prorrogará”, señalan a este medio. 

Además, legalmente es posible. Se puede aprobar mediante real decreto-ley por parte del Gobierno y ser convalidado por la Diputación Permanente, según fuentes consultadas por este periódico. De hecho, teniendo en cuenta que la medida finaliza el 1 de julio, estaría justificado porque el plazo vence y tendría el carácter urgente reservado para estas situaciones. De hecho, en la actual situación, el Gobierno puede aprobar incluso la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 [Temor en el sector pesquero a que la inflación reduzca el consumo de pescado]

Lo cierto es que la prórroga de esta medida no entró en la campaña electoral del 28 de mayo, mientras que otros anuncios sí lo hicieron. Pero ahora se postula como la mejor baza electoral. No tanto porque su prórroga vaya a dar más votos, sino porque su retirada podría provocar el rechazo en los usuarios y del propio sector.  

Recordemos que la rebaja fiscal se ha aplicado al aceite y la pasta (bajó del 10% al 5%) y a los alimentos de primera necesidad (del 4% al 0%). 

Efectos

Aún así, hay quienes creen que la medida no se prorrogará ya que Bruselas instó a España a retirar las ayudas por la crisis energética. Además, la rebaja del IVA como política económica ha sido muy polémica -al no añadir al pescado y la carne- y cuestionada porque sus efectos no se han notado todo lo que los consumidores esperaban. 

En enero, el precio de los alimentos siguió creciendo hasta el 15,4%. En febrero subió al 16,6% y en marzo fue del 16,5%. La principal razón fue que los costes de producción en origen (en el campo) no dejaron de aumentar. Nos referimos a los fertilizantes, la energía, el combustible… Todo ello supuso subidas de precios en los diferentes eslabones de la cadena y, por tanto, en el precio final del consumidor. 

No obstante, el último dato hecho público muestra un cambio de tendencia. En abril el precio de los alimentos se moderó hasta el 12,9%, mientras que el Índice de Precios de Consumo (IPC) general se situó en el 4,1%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Además, la Agencia Tributaria calcula que esta rebaja fiscal ha costado, durante el primer trimestre del año, 244 millones de euros. De lo que se deduce que si se ampliase a todo el año el coste sería de 1.000 millones. 

Ley del ‘tupper’

La disolución de las Cortes este martes 30 de mayo por el adelanto electoral supone que se cancelarán numerosas normas económicas que se estaban tramitando en el Congreso y en el Senado. Entre ellas, la ley del ‘tupper’. 

Nos referimos al proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio alimentario, que fue aprobado el 11 de mayo por el Pleno del Congreso de los Diputados y que se encontraba ahora en el Senado. La idea era que entrara en vigor en los próximos meses, pero finalmente no será así. 

Esta ley afectaba directamente a la cadena alimentaria, especialmente a la hostelería. Bares y restaurantes tendrían la obligación de facilitar al consumidor que pudiera llevarse, sin coste adicional alguno distinto, los alimentos que no consumidos, salvo en los formatos de servicio de bufé libre.

Por otro lado, a los supermercados se les iba a imponer la tarea de incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, así como disponer de líneas de venta con productos “feos”, “imperfectos” o “poco estéticos”.

Ahora quedarán guardadas en un cajón a la espera de que el próximo Gobierno las reactive o no. Y en caso de querer retomarlas, tendrán que empezar el trámite parlamentario desde el inicio.