La concesión de los conocidos como créditos ICO durante la pandemia ha supuesto una prueba de fuego para el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se ha visto obligado, al igual que la banca, a gestionar en tiempo récord un volumen ingente de financiación a empresas en problemas, garantizando que todas cumplían con los requisitos para recibir los 140.000 millones de euros aprobados por el Gobierno como avales del Estado.

Una función en la que ha sido clave la infraestructura informática de la entidad pública, que busca ahora reforzar el soporte de sus sistemas para garantizar que la gestión de estos créditos avalados por el Estado es la adecuada y no se producen incidencias que den lugar a problemas graves.

El ICO está buscando para ello a una empresa que le ofrezca este soporte informático durante los próximos dos años, ampliable a otros dos mediante prórrogas anuales. En este plazo irán venciendo las carencias de los créditos ICO y muchas empresas de las miles que los han recibido empezarán a devolverlos.

Ingente volumen

A lo largo de los primeros meses de la pandemia, el Gobierno aprobó la disposición de 140.000 millones de euros como avales de los créditos concedidos a empresas en problemas por las consecuencias de la llegada de la Covid y las restricciones sanitarias. Hasta el momento, el ICO y la banca han gestionado más de un millón de operaciones de financiación, la mayoría destinadas a autónomos y pymes.

Ya se han concedido avales por 101.449 millones (el 72% del total disponible), de forma que a través de la banca se han movilizado 133.345 millones gracias a estas líneas de crédito garantizado.

El fuerte volumen de operaciones gestionadas ya obligó hace meses al ICO a ampliar el horario de cobertura de su servicio informático, especialmente para la resolución de incidencias en relación con la operativa de los sistemas que gestionan estos créditos ICO.

Ahora, para garantizar que se siguen cubriendo estas necesidades, la entidad ha presupuestado 859.100 euros (impuestos incluidos) para encontrar una empresa que ofrezca este servicio durante los próximos dos años (o tres o cuatro, dependiendo de las futuras prórrogas).

José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, en el Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

La empresa que se haga con este contrato deberá atender las incidencias y consultas de los usuarios y facilitar su resolución (a través de la herramienta JIRA), entre otras funciones, en el horario comprendido entre las 8 y las 22 horas de lunes a viernes y de 8 a 20 horas los fines de semana. Como mínimo, el ICO requiere un equipo de cinco personas para ello.

La entidad pública, además, se reserva el derecho a romper el contrato en el caso de que la empresa que se haga finalmente con el contrato ofrezca el servicio deficientemente o falsifique datos o documentación para adjudicarse la licitación. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 29 de diciembre a las 14 horas para presentar sus ofertas. El precio será el criterio predominante (pesa el 51% sobre el total), casi tanto como la calidad (49%).

Herramienta clave

Los créditos ICO han sido una herramienta clave para la gestión de las consecuencias económicas que trajo la pandemia. La disposición de esos 140.000 millones de euros para avalar al 70% o al 80% los créditos a empresas en problemas fue esencial para que la banca se implicara en canalizar la financiación hacia miles de empresas cuya actividad fue paralizada por la pandemia, pues en caso de no devolución las entidades privadas asumirán pérdidas de únicamente entre el 20% y el 30%.

Meses después de aprobar este mecanismo de financiación, en vista de que muchas empresas no habían logrado recuperar su nivel de actividad, el Gobierno diseñó y puso en funcionamiento un Código de Buenas Prácticas que la banca puede suscribir voluntariamente y que establece los criterios para que las entidades negocien con las empresas medidas de reestructuración de sus deudas para evitar el impago.

Más concretamente, regula las condiciones para que se concedan ampliaciones del plazo de vencimiento del crédito, su conversión en préstamo participativo y, como último recurso, las quitas de deuda.