Méndez de Vigo sobre la sentencia del TS del canon digital: “Lo vamos a estudiar”

Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, ha explicado que buscará una solución a la compensación de los autores españoles tras declarar el Tribunal Supremo “nulo” e “inaplicable” el canon digital, que aprobó el PP en 2012. En la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, ha dicho que buscarán “una solución al mismo”. Pero no ha dado más detalles al varapalo del Tribunal, que ha adelantado EL ESPAÑOL, contra el reconocimiento económico de los derechos de autor mantenida por su partido a lo largo de este tiempo: “Lo vamos a estudiar”.

Por su parte, desde EGEDA, una de las sociedades demandantes contra el canon digital con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, explican a este periódico que están dispuestos a construir un nuevo marco que respete sus derechos. “Buscaremos una solución similar a la de los países de nuestro entorno. En Europa, la compensación la pagan los fabricantes de equipos y soportes. Es el único modelo en vigencia. No puede ser que las empresas tecnológicas en España no paguen y en Europa, sí”, han dicho.

El PP implantó el método de pago nada más llegar al poder absoluto con el impulso del ex ministro José Ignacio Wert y del secretario de Estado, José María Lasalle. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado declarar "nulo" e "inaplicable" en su conjunto el real decreto 1657/2012, que reguló el pago, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de la compensación a los autores por las copias de sus obras que hacen los particulares. El Tribunal Supremo responde con esta contundencia a la respuesta del Tribunal de Justicia de la UE, que en junio sentenció su incompatibilidad con la norma europea.

Ahora queda pendiente el pago de los beneficios de los creadores, que se han quedado por el camino: sus ingresos por compensación de copias privadas bajaron más de un 80% y desde 2012 se limitan a los 5 millones de euros que se consignan cada año en los presupuestos estatales. Estiman cerca de 400 millones de euros pendientes, que tendrá que dirimirse en otra causa.