La dana del pasado 29 de octubre afectó a un total de 11.242 viviendas en la Comunitat Valenciana, de las cuales la Generalitat Valenciana ordenó la demolición de 302 porque se vieron gravemente dañadas.

Unas pérdidas por las que los vecinos han recibido ayudas por parte de la administración central y autonómica que, sin embargo, no llegarán a cubrir los daños sufridos, tal y como admitió este jueves la comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción, Zulima Pérez.

La alto cargo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, admitió en la mesa de análisis "Dana 29-O: balance de una catástrofe, preguntas y respuestas" organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta, que las indemnizaciones que recibirán los afectados por la riada "no llega en muchos casos para poder tener o volver a rehabilitar una casa".

Durante el encuentro, un vecino de Alfafar le trasladó a Pérez su situación personal: había perdido dos viviendas y el Consorcio de Compensación de Seguros le ha reconocido daños por algo más de 52.000 euros. "¿Cómo es posible que con ese dinero se supone que debo poder reconstruir y amueblar la vivienda?", le repreguntaba.

"Es cierto que muchas veces el dinero, tanto del Consorcio como las ayudas que hay, no llegan para poder tener o rehabilitar una casa. Hay gente que con estas catástrofes puede salir ganando y otra que sale perdiendo", respondió la comisionada para la reconstrucción.

Asimismo, sostuvo que "muchas veces, las compensaciones que puede dar el Consorcio de Compensación de Seguros no están a la altura". "También es cierto que existen otros mecanismos o que deben existir otros mecanismos en el ámbito municipal y de la Generalitat", añadía la alto cargo.

"Además, evidentemente, si no se tiene posibilidad de casa, que pueda existir un realojo en alguna de las viviendas tanto de las que ha puesto a disposición el Estado a través del SEPE, como también las de la Generalitat y los ayuntamientos de los diferentes parques de vivienda", concluía Pérez tras reconocer de nuevo que las ayudas a veces se quedan cortas.

En este punto conviene señalar que el dinero que concede el Gobierno central por la pérdida de vivienda o daños en la misma oscila entre los 20.000 euros, en caso de que los daños no sean estructurales, y los 60.000, que se percibirían en caso de destrucción completa.

Normas urbanísticas

Unas cuantías con las que sería inaccesible hoy por hoy comprar una vivienda en los municipios afectados por la dana, donde los precios siguen al alza por la escasez de oferta.

Un hecho sobre el que influyen distintos factores: desde la escasez de suelo para construir obra nueva, al alza de los precios del material de obra y, ahora, las restricciones urbanísticas que están acordando los ayuntamientos.

Desde que ocurrió la catástrofe, pero especialmente en los últimos meses, las corporaciones locales han acordado cambios en sus normas urbanísticas para impedir que los bajos comerciales se conviertan en viviendas si no cumplen varios requisitos, como por ejemplo, que tengan acceso a plantas superiores. En ese caso, el ayuntamiento no autorizaría el cambio de uso.

Se trata de modificaciones legales que los ayuntamientos están acometiendo para evitar que, ante una nueva dana, las viviendas en bajos se conviertan en ratoneras.

La medida viene motivada por el Plan Endavant que ha elaborado la Vicepresidencia Segunda para la Recuperación Económica y Social que ocupa Francisco José Gan Pampols, que ya puso sobre la mesa hace tiempo que uno de los factores que había condicionado el impacto generado por la riada fue el crecimiento urbanístico vivido en las últimas décadas en estos municipios.

La impermeabilización de las calles, consecuencia de numerosas actuaciones, contribuyó a la crecida de la avenida de agua, dado que el asfaltado impedía la filtración del agua.

Gan Pampols instó a reflexionar sobre la posible reforma de los planes urbanísticos de los municipios de l'Horta Sud: Paiporta, Aldaia, Albal, Sedaví, Alfafar, Benetússer, Massanassa, Catarroja... en definitiva, la zona cero.