El vicepresidente para la Recuperación de la Comunitat tras la dana, Francisco José Gan Pampols, ha tenido que recurrir a un 'plan B' para reforzar de personal los ayuntamientos que se vieron afectados por la riada del pasado 29 de octubre.

El 'plan A', que se basaba en el préstamo de funcionarios de la Generalitat a los consistorios, ha acabado naufragando por distintos motivos. Principalmente, por los reparos que halló en Función Pública, pero también por el poco interés que ha suscitado en la plantilla de la administración autonómica.

Según detalló este jueves Gan Pampols en una entrevista en À Punt, un total de 82 personas respondieron al llamamiento realizado por la Vicepresidencia segunda para ofrecerse voluntarios y colaborar con los municipios de la dana. La intención era constituir con ellos equipos técnicos.

"Se les convocó a una reunión en la Conselleria, pero solo acudieron 31. De estos, una vez explicado el modelo de funcionamiento que esperábamos, quedaron disponibles dos funcionarios y 11 interinos", reveló el vicepresidente.

La forma de trabajar, según expuso, se basaba en dividir equipos de cuatro personas para cada ayuntamiento: dos técnicos de Arquitectura y otros dos de Ingeniería para poder tramitar expedientes necesarios para reconstruir infraestructuras dañadas por las inundaciones.

Las cifras finales eran poco prometedoras. Y a esto, se sumaba también la problemática que arrastran los interinos: al ser trabajadores temporales que cubren vacantes en la administración, corren el riesgo de que la plaza que ocupan quede cubierta por un funcionario en algún momento.

Con ello, el interino se vería obligado a dejar el puesto que ocupaba y también dejaría a medias el trabajo iniciado con los ayuntamientos. En definitiva: el departamento de Gan Pampols ha tenido que pensar en una alternativa para dar respuesta a la demanda de los consistorios.

"Uno no se puede quedar en el no, así que para paliarlo, lo trasladamos en la comisión mixta que mantiene la Generalitat con la Diputación y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP)", explicó.

Ahí, la corporación que preside Vicente Mompó puso una solución sobre la mesa: la institución proporcionará "un crédito a cada ayuntamiento para que puedan hacer contratación directa de personal que necesiten por un tiempo limitado", según Gan Pampols.

En concreto, la Diputación creará una partida de 3 millones de euros para los municipios afectados, que podrá ser ampliable hasta los 6 millones.

"La idea es que los ayuntamientos que hayan pedido personal, puedan contratarlo con ese dinero", explican desde la institución. Unos fondos que serán aprobados en el pleno del 23 de julio. 

Asimismo, también se les permitirá a los municipios que puedan firmar convenios individuales con el Instituto Técnico de Edificación para recibir asesoramiento necesario y se les apoye en las necesidades que surjan.

"Si hay voluntad, se podrá desplegar el Plan. Es una cuestión de responsabilidad. No veo este debate en el enfrentamiento, sino en el servicio a la ciudadanía para devolverles tranquilidad. Y todo lo que sea sacarlo de ese ámbito es equivocarse", advirtió el vicepresidente segundo este jueves.

A la espera desde abril

El pasado mes de abril, la Vicepresidencia segunda envió una carta a los empleados públicos de la Generalitat pidiéndoles colaboración con los consistorios en la gestión de las ayudas que habían recibido del Estado.

No en vano, las corporaciones locales tenían desde marzo en sus arcas los fondos que prometió Pedro Sánchez en una de sus visitas a Valencia para reconstruir las infraestructuras dañadas: 1.746 millones de euros.

Sin embargo, el dinero en sí mismo no era suficiente para encauzar la reconstrucción, pues muchos ayuntamientos advertían de su incapacidad para tramitar todos los expedientes necesarios para acometer las obras necesarias y poder volver a la normalidad.

Tras mantener reuniones con las corporaciones locales, la mayoría coincidía en una cosa: no tienen suficiente estructura administrativa para poder licitar grandes contratos y, por tanto, lograr ejecutar el presupuesto en su totalidad.

Muchos de estos consistorios tienen unos presupuestos anuales modestos y ahora mismo se encuentran en la tesitura de que los fondos enviados por el Gobierno para la recuperación suponen un montante de dinero superior al que acostumbran a gestionar anualmente.

Por lo que ejecutarlo en solitario es un reto prácticamente inasumible para ellos. De manera que Gan Pampols, al frente de la Recuperación del territorio, pidió voluntarios en la administración autonómica.

Se dirigió a la plantilla de la Generalitat por carta y en total 82 funcionarios se interesaron por formar parte del comité técnico. Ahora bien, el plan topó con reparos dentro de la propia Generalitat. Y más en particular, en el departamento de Función Pública.

La Dirección General no estaba del todo de acuerdo con la fórmula empleada -el préstamo de sus funcionarios- y quería que se empleara otro mecanismo alternativo que no implicara la cesión de su propia plantilla.

Esto se debía a que si los funcionarios de la Generalitat acababan trabajando para los ayuntamientos, dejarían de prestar sus servicios en la administración autonómica. Así, las funciones que desempeñan en sus puestos, dejarían de realizarse y en la práctica sería como tener vacantes esas plazas.

Se da la circunstancia de que el tipo de empleado público que busca la Vicepresidencia para la Reconstrucción y que necesitan los ayuntamientos, son del tipo A1 y A2.

Entre ellos, arquitectos, ingenieros y otros técnicos cualificados que forman parte de la escala más alta del funcionariado valenciano. Un perfil que no abundan en la administración autonómica.

Con todo, aunque no admitían reticencias, desde la Conselleria dirigida por Nuria Martínez sí reconocían estar estudiando el "encaje que tiene el llamamiento" que se había hecho a la plantilla.

Desde entonces, ese "encaje" no ha llegado. Y aunque el número de interesados ascendía, la ayuda no llegó a consumarse. Las peticiones para trabajar en otra administración debían ser firmadas por los jefes de personal de las consellerias donde tienen la plaza. Unas autorizaciones que no se produjeron.

Con todo, a pesar de preguntar a las partes implicadas, no se sabe si fue antes el huevo o la gallina. Si las reticencias de Función Pública o el desinterés de la plantilla autonómica. O, incluso, si esta última situación es, en realidad, una consecuencia de no haber obtenido el permiso de los jefes de personal.

Pero lo cierto es que el refuerzo a los municipios de la dana, finalmente, lo cubrirá personal externo a las administraciones con cargo a los presupuestos de la Diputación de Valencia. Un acuerdo posible gracias a la comisión mixta.