Me atrevo a decir que incluso los más indignados en l'Horta Sud con Carlos Mazón, los más satisfechos con la caída del presidente de la Generalitat, comparten otra preocupación no menos importante: la necesidad del encauzamiento y desvío de la cuenca del Poyo, que sigue sin materializarse.
La dimisión del presidente autonómico, y con su cese, el del foco mediático hacia sus errores del 29 de octubre de 2024, debe llevar ahora la atención hacia la respuesta hidráulica del Estado ante la demostrada trampa mortal existente al sur de la ciudad de Valencia. No hay asunto más urgente que ese.
El Gobierno de España ha vivido muy cómodo durante el último año, en el que las continuas elipsis y cambios de versión del presidente valenciano lo han convertido en el centro de una diana en la que también debía estar el Estado.
La caída de Mazón, ahora materializada, se había convertido en la mayor reivindicación social. Y, una vez satisfecha, el principal anhelo no puede ser otro que ejecutar las obras pendientes.
Porque el cadáver político de Carlos Mazón no servirá para desviar el barranco del Poyo.
Los valencianos necesitamos que las máquinas, más pronto que tarde, irrumpan en la cuenca para realizar los encauzamientos y desvíos al Turia proyectados por los expertos.
Un año después de la tragedia, el Ejecutivo central no ha licitado todavía ninguna de las obras pendientes en la cuenca, unos proyectos que recibieron el visto bueno del Ejecutivo en 2011 y que siguen sin ejecutarse desde entonces.
Solo esas obras duras, ideadas por el equipo de ingenieros de la compañía Typsa para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, evitarán en el futuro una nueva catástrofe.
Basta con atender a la mortandad de cada cuenca de la dana de Valencia, recopilada por este periódico. Al menos 200 víctimas mortales, cerca del 90%, correspondieron a la cuenca del Poyo, la única sin protección hidráulica para la población.
Con el mismo Cecopi, con la misma gestión de la emergencia y avenidas de agua similares, hubo 23 víctimas en el Magro (protegido por la presa de Forata) y 6 en el Turia, donde el desvío del Plan Sur mantuvo intacta la ciudad de Valencia.
Habrían salvado vidas
Sus impulsores coinciden en que las obras "habrían salvado vidas". Y habrían evitado también la destrucción de las poblaciones, un asunto que está quedando, inexplicablemente, fuera del debate.
Cabe subrayar que incluso con la mejor gestión posible de la emergencia del 29-O, con una alerta temprana que hubiera sido obedecida por todos y cada uno de los ciudadanos, los pueblos damnificados habrían sido igualmente aniquilados por la avenida.
Pasó y volverá a pasar si no se hace nada. Si llueve igual y en el mismo sitio, volvería a ocurrir lo mismo.
La fiscalización de la gestión de la emergencia, absolutamente necesaria, era compatible con otra tanto o más importante: analizar si el Gobierno hizo todo lo posible para proteger a la población.
Lejos de atender esta obligación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como hizo previamente el de Mariano Rajoy, orilló las actuaciones. En el caso del Gobierno actual, con la circunstancia agravante de que Teresa Ribera fue quien dio el visto bueno ambiental a las mismas como secretaria de Estado en 2011.
Cuando regresó al Gobierno en 2018 como ministra no retomó un proyecto que conocía de primera mano. Ni lo reactivó a título administrativo ni lo incluyó en sus primeros presupuestos en el Ministerio para la Transición Ecológica, los del año 2021.
Ese año la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del propio Gobierno, lamentó la "paralización de proyectos y obras por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales".
Ha sido solo después de la dana cuando el Gobierno ha anunciado que actualizará y reactivará los proyectos, pero solo vislumbra una ejecución inmediata, la del encauzamiento del barranco de la Saleta, y la misma no ha sido licitada todavía.
Aquel abandono resultó letal en 2024, por mucho que duela esta realidad en las filas socialistas. Hasta la fecha han logrado su objetivo de desviar la atención solo hacia los errores de Mazón. Pero los propios deben ser corregidos con urgencia para acabar con el riesgo y el sufrimiento de los cientos de miles de valencianos que siguen viviendo a orillas de una cuenca letal.