En Valencia hemos dicho basta. Basta a la indefensión de los propietarios. Basta a la ocupación ilegal de viviendas. Basta a convertir en víctimas a quienes cumplen la ley. Porque cada vez que alguien ocupa ilegalmente una vivienda, una familia se queda sin su oportunidad de empezar un proyecto de vida.

La preocupación por las ocupaciones ilegales no es un invento político. Es una realidad palpable en nuestras calles, en nuestras comunidades de vecinos y, sobre todo, en el sentir de los valencianos.

Según el último barómetro municipal, uno de cada cuatro propietarios en nuestra ciudad no se atreve a alquilar su vivienda por miedo a sufrir una ocupación.

Esto tiene consecuencias muy graves: más del 9% de los pisos en Valencia están vacíos, o lo que es lo mismo, cerca de 37.600 viviendas que no están al servicio de quienes más las necesitan.

A estas cifras debemos añadir que en lo que llevamos de año la Policía Local ya ha intervenido en cerca de 180 actuaciones vinculadas con ocupaciones ilegales, una cifra que muestra la magnitud del problema si tenemos en cuenta que ha ido en aumento desde 2023 cuando se registraron 796 actuaciones y en 2024 fueron más de 800 intervenciones.

Frente a esta situación, el Ayuntamiento de Valencia ha tomado la iniciativa con la creación de la Oficina Municipal Antiocupación, una medida pionera en nuestra ciudad pero basada en modelos que ya han demostrado su eficacia, como el implantado en Badalona.

Esta nueva oficina no es solo un punto de asesoramiento, es una herramienta de acción. Un instrumento con el que vamos a prestar asistencia jurídica, coordinación policial y apoyo directo a los propietarios afectados.

Y lo haremos con un enfoque doble: por un lado, ayudando a las familias vulnerables a través de Servicios Sociales y, por otro, defendiendo los derechos de los propietarios honestos.

Esta oficina funcionará con el personal especializado de la Sección Administrativa Centralizada de la Policía Local, capaz de activar de forma inmediata los trámites que permitan celebrar juicios rápidos.

Queremos que en las primeras 48 horas se pueda actuar con agilidad, con seguridad jurídica y con contundencia. Porque cuando la Administración llega tarde, gana la impunidad.

Desde el Gobierno municipal, liderado por María José Catalá, estamos comprometidos con una política firme contra la ocupación ilegal. Pero también con una política valiente a favor del acceso a la vivienda.

Estamos movilizando suelo público, promoviendo la construcción de más de 1.000 viviendas, regulando los pisos turísticos ilegales y dando pasos reales para que el parque de vivienda disponible crezca y esté al alcance de quienes lo necesitan.

Porque no basta con decir que la vivienda es un derecho si luego se permite que quienes vulneran la ley campeen a sus anchas.

Queremos lanzar un mensaje claro a los pequeños propietarios que durante años se han sentido abandonados por el Estado: donde no está el Gobierno de Sánchez, está el Ayuntamiento de Valencia. Nosotros sí vamos a estar a su lado, dando seguridad jurídica, respaldo institucional y una respuesta inmediata a un problema creciente.  

No vamos a permitir que Valencia se convierta en un refugio para la ilegalidad. No vamos a permitir que el esfuerzo de toda una vida —de una hipoteca, de unos ahorros, de un piso heredado— se vea arruinado por la pasividad institucional. Por eso también exigiremos responsabilidad a los grandes tenedores para que tomen medidas de seguridad que eviten nuevas ocupaciones.

Esta iniciativa es una pata más de nuestra estrategia global de ciudad. Una estrategia en la que la seguridad, la legalidad y el acceso a la vivienda se refuerzan mutuamente.

Porque solo garantizando el cumplimiento de la ley podemos garantizar la convivencia. Y porque cada vivienda ocupada ilegalmente es una oportunidad frustrada para nuestros jóvenes, nuestras familias y nuestros mayores.

Desde el Ayuntamiento de Valencia creemos en una ciudad donde se respeten los derechos. Donde quien cumple las normas no sea el perjudicado. Donde las instituciones protejan, no abandonen.

Y porque estamos convencidos de que solo así construiremos la Valencia segura, justa y habitable que merecen todos sus ciudadanos.