Valencia se queda sin Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y no parece que vaya a aprobarse antes de que finalice el año. El fracaso de las negociaciones con Vox y los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, impide a la alcaldesa que lleve adelante la normativa que se implantaría a principios de 2026.
La falta de acuerdo, que ya se plasmó en los plenos ordinarios de octubre y noviembre, ha vuelto a producirse de nuevo este lunes en la sesión plenaria extraordinaria celebrada a petición de la oposición para lograr un pacto.
La ciudad podría perder unos 150 millones de euros de ayudas del Gobierno de España y de la Unión Europea.
El gobierno municipal, formado por PP y Vox, sigue dividido en este asunto. El partido de Santiago Abascal rechaza cualquier iniciativa que suponga la aprobación de la ZBE, por considerar que "limita la libertad de los ciudadanos" y que es una "imposición" del Gobierno central.
Mientras tanto, el entendimiento entre 'populares', socialistas y la coalición valencianista continúa sin existir.
En la sesión plenaria de este lunes, el PP y Vox han votado en contra de la moción conjunta presentada por Compromís y PSPV, que ha decaído.
La oposición instaba a los 'populares', con los que había entrado en negociaciones para buscar un acuerdo, a "superar la situación de inmovilismo actual, aprobar una ZBE completa y rigurosa" e "impedir que Valencia pierda los recursos necesarios para continuar hacia un modelo de ciudad próspero, sostenible y europeo".
Imagen del pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Valencia sobre la ZBE. EE
Las reivindicaciones de Compromís, que ha desgranado su portavoz, Papi Robles, se han centrado en que se debe reducir la contaminación para proteger la salud de vecinos y vecinas.
Robles ha lamentado que los 150 millones de euros de financiación en Movilidad se vayan a perder "de un plumazo", al tiempo que ha criticado que el PP opte por "ponerse de perfil" cuando "no es la solución".
La edil de la coalición ha subrayado la "responsabilidad" de la oposición, que pidió celebrar un pleno extraordinario y ha planteado una moción para consensuar una ZBE y "bajar la contaminación".
Después, ha reprochado a la alcaldesa, María José Catalá (PP), que busque "responsabilizar a todo el mundo de no aprobar una ZBE menos a ella misma" y que se pliegue "al negacionismo de Vox".
La edil del PSPV María Pérez ha seguido la misma línea y ha abogado por hacer realidad "una ZBE eficaz contra la contaminación, con ayudas a las familias vulnerables, con exenciones para las personas con movilidad reducida, con un régimen transitorio para las actividades económicas y con un calendario progresivo de implantación".
Pérez ha señalado que los 'populares' "han rehuido de cualquier negociación" y ha censurado que "han preferido negar desde el principio la evidencia" del "problema de la calidad del aire".
"Elitismo disfrazado"
El portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez, ha escenificado el rechazo de Vox a la ZBE: "No vamos a ser cómplices del expolio a los ciudadanos. No vamos a ser quienes multen a los valencianos por trabajar, por vivir, por moverse. Tampoco a los que nos visitan", ha dicho.
Asimismo, ha señalado que las ZBE "no son una obligación europea" porque "Bruselas pide calidad del aire, no restricciones ideológicas" ni "una imposición" con "nombre y apellidos": Pedro Sánchez y sus socios.
"Esto no va de ecología, va de control y nosotros no nos rendimos frente a ese control", ha aseverado.
Gosálbez se ha mostrado a favor de "cuidar el medio ambiente", pero "no sacrificando la libertad, el empleo y la dignidad de quienes hacen ya bastante por llegar a fin de mes" y no pueden cambiar de coche para circular por la ZBE. "Esto no es ecologismo, es elitismo disfrazado", ha añadido.
Sin multas
Según ha explicado antes del pleno extraordinario el edil de Movilidad, Jesús Carbonell, el PP planteaba "seguir la senda de lo previsto en Castellón", pero con sanciones cuando se superen los niveles de contaminación.
Hace cuatro días, la capital de la Plana aprobó una ZBE que monitoriza la circulación en el centro y solo se activa cuando saltan las alertas de CO2, pero no conlleva multas.
Es el único método que el portavoz de Vox en el grupo municipal está dispuesto a aceptar. Ya lo ha hecho en otras ciudades como Alicante, Elche, Valladolid o Burgos.
A efectos prácticos, limitar el acceso al perímetro de la ciudad de Valencia sin las correspondientes sanciones haría que la ZBE fuera ineficaz.
"Un brindis al sol"
El edil de Movilidad, Jesús Carbonell (PP), ha reiterado que la oposición mezcla la ZBE con "cosas que nada tienen que ver" con ella y ha asegurado que "no tenían ninguna intención de negociar".
Por ello, ha considerado "un brindis al sol" la moción de la oposición, que ha calificado de "meramente política".
Carbonell ha asegurado este lunes que "si Valencia no tiene ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es porque la oposición no ha querido y Vox se ha bajado del carro".
El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell (PP), en el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Valencia sobre la ZBE. EE
"Serán, por tanto, los únicos responsables si la ciudad pierde las ayudas europeas y sube el transporte", ha recriminado.
Además, ha recordado que "Compromís y PSOE cuando gobernaban en el Ayuntamiento de Valencia pudieron aprobar una ordenanza de ZBE y no lo hicieron".
Por último, ha pedido a los grupos municipales "responsabilidad" y ha señalado que las propuestas de la moción "son técnicamente inviables" y no cumplirían los plazos para acceder a las ayudas al transporte de 2025.
ZBE rechazada
En un primer momento, la ordenanza debía entrar en vigor este lunes 1 de diciembre, pero el giro de guion de Vox y la negativa de la oposición hizo que el PP no pudiera aprobar esta medida en el pleno de noviembre.
Entre otros objetivos, esta nueva ordenanza incluía a "toda" la ciudad e incorporaba ayudas para cambiar los vehículos a aquellas personas que lo necesitan. Si se hubiese aprobado, se empezaría a implantar el 1 de enero de 2026 en diferentes fases. Pero finalmente no se producirá.
El pacto entre Compromís y PSPV tiene por objetivo no perder los 150 millones de euros europeos y estatales, desarrollar una zona "más justa, social y que responda a las necesidades de la ciudad" y bajar la contaminación.
Incluye un calendario de implantación progresivo para los vehículos más contaminantes, empezando por los de fuera de la provincia y terminando por los residentes.
La alcaldesa, María José Catalá, en el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Valencia sobre la ZBE. EE
El texto también incorpora ayudas para las familias más vulnerables, exenciones para personas con movilidad reducida y servicios esenciales, y un régimen transitorio para que los comercios y actividades económicas puedan adaptarse sin impactos negativos.
Prevé, por otro lado, la implantación en 2027 de un modelo de zonas de estacionamiento para residentes en todos los barrios, reservando al menos el 55% de las plazas para vecinos y eliminando el pago para hogares con menos recursos.
Los grupos apuestan por una línea estratégica clara: priorizar los espacios verdes, la movilidad a pie y los proyectos que reduzcan el tráfico rodado, como el Corredor Verde de García Lorca sin tráfico de vehículos, pero siempre garantizando la accesibilidad del vecindario y los servicios de emergencia.