La zona de bajas emisiones (ZBE) de Valencia debe empezar a entrar en vigor el próximo 1 de diciembre. Pero para ello todavía debe acordarse en el hemiciclo, y el gobierno de María José Catalá deberá pactarlo con la izquierda. De no ser así, el Ayuntamiento perdería 115 millones de euros.
Tras el rechazo de Vox a la ZBE durante el pleno del mes de octubre, ahora el PP se ve obligado a negociar con Compromís o PSPV sobre esta medida. Y el tiempo corre.
De hecho, la negativa de Vox sorprendió el pasado 28 de octubre, ya que el partido de Santiago Abascal, que se integra en el gobierno con cuatro concejales, había votado hasta el momento de forma favorable a la tramitación de la ZBE.
Sin embargo, en la sesión plenaria dio la sorpresa al anunciar que votaría en contra al texto legal definitivo. Un contratiempo para la alcaldesa, que se vio empujada a negociar con la oposición para tratar de validarlo.
Vox justificó su voto en contra en el pleno aludiendo a "la libertad de movimiento de los valencianos", como señaló su portavoz y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez, que aseguró que la ZBE es "una imposición derivada de las políticas climáticas impulsadas desde Bruselas y el Gobierno de Pedro Sánchez".
"Las Zonas de Bajas Emisiones no son una casualidad, son consecuencia directa de las políticas que ha promovido Bruselas y el Congreso de los Diputados, siempre con el voto en contra de Vox", apuntó.
Así, Catalá inició unas negociaciones urgentes con el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, pero el acuerdo entre ambas formaciones no tuvo frutos, y finalmente la ordenanza contó únicamente con los votos favorables del PP, que cuenta con 13 ediles en un consistorio que integran 33 concejales.
El rechazo del proyecto en octubre conlleva que pueda no entrar en vigor el 1 de diciembre, cuando estaba previsto que lo hiciera. Pero también expone al consistorio a perder 115 millones de euros de las subvenciones de Next Generation.
Pero cabe apuntar que todavía queda una última opción de que la normativa pueda aprobarse en el pleno del mes de noviembre, antes de la fecha prevista para su entrada en vigor. Para ello, el PP tendrá que convencer a Compromís o PSPV para sumar sus votos, algo difícil de conseguir.
Además, porque los dos grupos de la oposición han criticado siempre la Zona de Bajas Emisiones planteada por el equipo de Catalá, por considerarla "de mínimos" y por entender que no busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire de València sino "solo cumplir el trámite" para su puesta en marcha.
La ordenanza iba a afectar, desde la entrada en vigor prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, únicamente a los vehículos matriculados fuera de la provincia de Valencia con etiqueta A (también llamados sin etiqueta): los de gasolina matriculados antes del año 2001 y los diésel matriculados antes del año 2006.
La restricción a la circulación del tráfico que planteaba no afectaba a los conductores de la ciudad de València hasta enero de 2028.