El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha publicado un informe en el que insiste en los desequilibrios territoriales que existen con el actual modelo de financiación en España, donde la Comunitat Valenciana se sitúa entre las peores financiadas a pesar de ser una de las autonomías que más aportan al Estado.
El estudio parte de un análisis del actual sistema y compara los regímenes forales (Navarra y País Vasco) con el régimen común. Y acto seguido analiza los efectos que tendría extender un modelo de financiación concertado y solidario (SFACS) para todas las comunidades, tomando como referencia el acuerdo entre el PSC y ERC de julio de 2024.
Un pacto que prevé que Cataluña gestione todos los impuestos recaudados en su territorio y negocie bilateralmente su aportación al Estado. Algo que, para los autores del estudio en cuestión, alteraría el equilibrio actual si se aplicara de manera exclusiva. De hecho, advierten que solo podría considerarse "justo" si se aplicara al conjunto de las comunidades autónomas.
En este sentido, sus autores (José A. Pérez García y Juan Pérez Ballester) estudian qué ocurriría si se convirtiera el futuro modelo catalán en un "concierto solidario generalizado" que funcionara bajo las mismas reglas para todas las autonomías, tanto de régimen común como forales, y se eliminaran los "privilegios económicos" que hoy derivan del sistema vasco y navarro.
Con ello, de hecho, mejoraría sustancialmente la financiación valenciana, pero también la de otros territorios con mayor población y PIB: Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Esta última pasaría a disponer de 2.209 millones más.
Financiación "errática"
Así, el estudio utiliza las últimas liquidaciones del Sistema de Financiación Autonómica, los Presupuestos Generales del Estado, los datos de recaudación tributaria territorializada y las cuentas autonómicas y locales de 2023 para realizar los cálculos. Y analiza la diferente financiación que tendrían las autonomías con el sistema actual, respecto a la que tendrían si se aplicara un modelo concertado y solidario.
"Los cambios son significativos en todos los casos, especialmente los que se producen en las comunidades de mayor tamaño y en las de mayor capacidad fiscal. Las cuatro mayores comunidades por población y PIB ven aumentados sus recursos significativamente", exponen los autores."En cambio, las dos comunidades forales los reducen, al perder los privilegios de la actual interpretación de su singularidad", añaden.
El informe asegura que "todas las de régimen común están infrafinanciadas severamente respecto a las comunidades forales". "País Vasco tiene una financiación por habitante ajustado un 61% superior a la media regional y Navarra un 35%. En relación con la Comunitat Valenciana, la comunidad con la financiación más baja, la distancia se amplía hasta el 81% y el 52% respectivamente", explica el documento.
La explicación a todo esto es sencilla: disponen de mayor capacidad de gasto gracias a que realizan una menor contribución a los ingresos del Estado en términos de presión y esfuerzo fiscales, lo que hace "disfruten de una situación de privilegio", según el Ivie. Tesitura en la que podría situarse también Cataluña si el Gobierno cumple "el 100% de la literalidad del Acuerdo".
En este sentido, el documento advierte que el modelo de financiación actual es "errático" en términos de responsabilidad fiscal al asignar recursos abundantes a regiones con elevada renta per cápita y mantener con recursos escasos a regiones con niveles de renta por habitante inferiores a la media, como Andalucía, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana.
El caso de la Comunitat
Tras el análisis, constata que las diferencias de financiación por habitante entre comunidades llegan a superar los 80 puntos porcentuales, incluso gestionando las mismas competencias.
Según los cálculos del organismo, la Comunitat Valenciana presenta una financiación por habitante ajustado un 11% por debajo de la media nacional. En concreto, con un índice del 88,9 sobre la media de 100. Además, realiza el esfuerzo fiscal más alto de todas las autonomías con un 19% por encima de la media.
El informe define esta situación como un "agravio doble", dado que contribuye más al Estado de lo que le correspondería por su nivel de renta, pero recibe menos recursos para financiar sus servicios esenciales.
Con todo, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas apuesta por una cogobernanza fiscal compartida, donde el Estado y las comunidades autónomas gestionen los recursos de manera coordinada, transparente y solidaria, de manera que se refuerce la autonomía fiscal de las comunidades, pero sin romper la igualdad entre territorios.