Las "injurias" a las señas de identidad valencianas serán sancionadas próximamente. Así lo aseguran fuentes de la Generalitat, que también indican que se perseguirá el apoyo al catalanismo.
Este "régimen sancionador" prevé eliminar las subvenciones a las entidades que promuevan símbolos contrarios a los valencianos.
El borrador de la Ley de Señas de identidad del Pueblo Valenciano al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL detalla los instrumentos de defensa y protección de lo valenciano.
Se trata de una ley que reformula la aprobada en 2015, y derogada en 2016, que en un primer momento reconocía, protegía y promocionaba las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano.
La derogación hace 9 años se justificó por el gobierno del Botánic, con Ximo Puig a la cabeza, aduciendo que "su aprobación era un elemento de confrontación social y política".
Pero en los años siguientes, la actual oposición tampoco realizó ninguna otra propuesta política para defender, desde una nueva perspectiva, las señas de identidad.
Ahora, la nueva ley de Mazón justifica que es "necesario regular nuestras señas de identidad y darles el reconocimiento legal, que ya tienen socialmente, para evitar la introducción de símbolos y señas ajenos".
"Lo que buscan es sustituir aquellos que han sido reconocidos históricamente por la mayoría de los valencianos", añaden. Se refiere, por ejemplo, a las "injurias" a lo valenciano y el "apoyo" a los Països Catalans.
De hecho, la ley establece un reconocimiento absoluto de la singularidad e individualidad del valenciano. En especial de su uso popular y tradicional, y ordena su investigación y recuperación.
Así, describen esta ley como una "apuesta decidida por el reconocimiento de la labor del valencianismo cultural". En concreto, de las entidades centenarias "creadas para la recuperación y defensa de la cultura valenciana".
Por ello, se establece la obligación de que una de las asociaciones que desarrolle esta labor forme parte del Consejo de Participación de la Comunitat Valenciana.
La información sobre este "régimen sancionador", adelantada por El Mundo y confirmada por EL ESPAÑOL, todavía forma parte de un borrador. Eso sí, la intención es que se aplique en toda la Comunitat, aunque reconoce el derecho de las comunidades "en el exterior" a tener conocimiento de las señas de identidad valencianas.
De esta forma, la ley promueve la colaboración entre administraciones para promocionarlas y defenderlas, pero también contempla un régimen sancionador.
En concreto, para la vulneración por las administraciones públicas valencianas de la ley. En concreto, permitirá que no reciban subvenciones públicas los ayuntamientos que organicen actos de reivindicación contrarios a las señas de identidad valencianas.
Asimismo, la ley impide otorgar subvenciones a entidades privadas que persigan objetivos contrarios a la Constitución. Eso incluye no dar ayudas a quienes promueven la federación de territorios, "especialmente las que utilicen la denominación Països Catalans".
También prohíbe subvencionar las que promuevan, justifiquen o hagan apología de cuestiones como el terrorismo, la violencia política y social, el conflicto armado, la rebelión, los referéndum y consultas ilegales, la xenofobia y de odio a los derechos fundamentales y las libertades públicas.
"Prohíbe subvencionar a las que menoscaben la autonomía de la Comunitat en cuanto a la denominación de su territorio, bandera, himno y lengua propia que, según declara el Estatut d'Autonomia es el valenciano", detalla.
Se entiende con ello que no recibirán subvenciones quienes exhiban esteladas, ni quienes atribuyan a la cuatribarrada la condición de seña de la Comunitat. Tampoco quienes se refieran a la lengua de los valencianos como catalán e "insulten" a la identidad del pueblo valenciano.
"La ley permite a la abogacía general de la Generalitat perseguir las afrentas a las señas de identidad valenciana que se puedan producir por administraciones públicas foráneas", subraya.