El PP y Vox no hablan el mismo idioma. Al menos, en ciertos temas. Por ello, aunque este martes pudo verse una especial sintonía entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el partido de Santiago Abascal durante el Debate de Política General, esta no se ha hecho extensiva a las denominadas propuestas de resolución.

Se trata de iniciativas que cada formación registra en este pleno, que da el pistoletazo de salida al curso político. Y aunque en la práctica no tienen una especial trascendencia porque no son vinculantes y los partidos suelen incumplirlas de forma habitual, lo cierto es que resultan relevantes porque en ellas fijan sus posicionamientos respecto a temas concretos.

Sirven, en definitiva, para calibrar qué cuestiones pueden acordar. Y he aquí donde PP y Vox dejarán manifiesto este jueves que, a pesar de que pueden llegar a ciertos entendimientos en algunas cuestiones -para muestra, lograron cerrar los Presupuestos de 2025-, mantienen una distancia insalvable en otras. Especialmente en aquellos asuntos más ideológicos.

Así, apenas unas horas después de que finalizara la primera sesión del Debate de Política General, en la que el jefe del Consell presentó su hoja de ruta para los próximos meses, los grupos del Parlamento registraron ayer miércoles sus propuestas de resolución, que serán debatidas y votadas hoy jueves.

En esa jornada de "reflexión" -desde hace años se hizo un cambio normativo para introducir un descanso de 24 horas entre la primera y segunda jornada del debate- el presidente de la Generalitat aprovechó para comer junto al resto de su grupo parlamentario en el restaurante del hotel Only You de Valencia.

A la cita acudieron igualmente otros cargos del partido, según fuentes populares. Y aunque la comida tuvo un carácter informal, sirvió para coordinar la acción del PP en Les Corts durante estas jornadas de Debate de Política General.

Por un lado, se concretaron qué propuestas acabaría presentando el Partido Popular y cuál sería el sentido del voto de sus 40 diputados respecto a los textos registrados por la oposición que forman Compromís, PSPV y, especialmente, Vox.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, aunque habrá algún guiño por parte de los populares hacia sus socios preferentes parlamentarios, también se dividirán en las propuestas que tienen que ver con Vivienda, Igualdad, Inmigración y políticas LGTBI.

En el primer caso, el partido liderado por José María Llanos pide al Consell que inste al Gobierno de España a derogar la ley por el derecho a la vivienda, que se agraven las penas por los delitos de usurpación de inmuebles y que los grupos reincidentes en este tipo de delitos tengan la consideración de bandas organizadas,

También que reduzca la presión fiscal en Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el Impuesto de Transmisiones o que promueva políticas para reducir los costes de producción de manera que los precios de acceso a una vivienda sean asequibles.

Los voxistas solicitan igualmente al Gobierno valenciano a que ponga en marcha un plan de choque para rehabilitar "de forma inmediata todas aquellas viviendas de titularidad pública" para sacarlas al mercado del alquiler.

El grupo, además, reclama que se promueva que todos los edificios con más de 50 años de antigüedad tengan el Informe de Evaluación del Edificio de Viviendas Comunitat Valenciana y se les otorgue cuantías de ayudas a la rehabilitación en consonancia.

En materia de igualdad, Vox quiere que el Consell derogue "todas las leyes de Género e Igualdad de la Comunitat Valenciana" o suprima "todas las líneas presupuestarias de Género" para destinarlo a la protección de "Familia y Vida".

Entre sus peticiones, también pretenden que Mazón acometa una remodelación que afecte a la Conselleria que dirige Susana Camarero. Así, le instan a "eliminar las Direcciones Generales de marcado carácter ideológico de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda".

Inmigración y ONG

Entre las propuestas más polémicas e incómodas para el PP, también se encuentran algunas que afectan a los colectivos LGTBI o a inmigrantes. En este último caso, piden que se revisen las ayudas autonómicas que contempla la Ley de Infancia y Adolescencia para la ayuda para la transición a la vida independiente y emancipación.

En este caso, buscan que sean revisadas para que aquellos menores que entrasen de forma ilegal en el país, no puedan acceder a estas subvenciones. También que se implemente "cuanto antes" el protocolo para determinar "la edad de los ilegales bajo la tutela de la Generalitat realizando pruebas periciales y médicas exhaustivas".

El grupo parlamentario de Abascal en Les Corts Valencianes quiere, además, que se dé "prioridad nacional en el reparto de ayudas públicas", se derogue la estrategia valenciana de migraciones 2021-2026 aprobada por el anterior gobierno de izquierdas y no se subvencionen a asociaciones u ONGs "que promuevan la inmigración ilegal y el tráfico de personas".