El Gobierno valenciano ya está abonando el terreno para anticiparse a la posibilidad de que la Comunitat no cuente con nuevos Presupuestos en 2026 y, por ende, con Ley de Acompañamiento, una norma necesaria para que salgan adelante las cuentas y que sirve año tras año como cajón de sastre para la modificación de multitud de leyes autonómicas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el ejecutivo de Carlos Mazón prepara en estos momentos un nuevo decreto-ley como el de simplificación administrativa aprobado el año pasado.

Una normativa que permitiría aprobar varios cambios legales de forma simultánea, como ocurre con Acompañamiento, pero con una diferencia significativa: no es necesario que haya nuevos presupuestos para que vea la luz.

El decreto bautizado como Plan Simplifica se presentó como la norma base para reducir la burocracia en aras de una mayor agilidad a la hora de poner en marcha proyectos o reducir gestiones ciudadanas.

Pero acabó siendo polémico porque sirvió para modificar un importante número de leyes de golpe en 2024 en aspectos que no solo reducían la carga burocrática. El texto legal eliminaba 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos. 

Permitió cambiar, poe ejemplo, en un plazo muy breve la compleja Ley de la Costa para permitir la construcción de hoteles a una distancia de 200 metros respecto al mar. También el aumento de plazas y reducción de personal en residencias de mayores. Los temas que abordaba eran muy dispares. 

La Abogacía de la Generalitat, de hecho, reprochó al Consell haber recurrido a esta fórmula legislativa, un decreto ómnibus, para cambiar varias leyes. Consideraba que con ello afectaban a la seguridad jurídica. 

Finalmente no se convalidó como decreto-ley, sino que acabó tramitándose como proyecto de ley en Les Corts Valencianes, pero salió adelante con el apoyo de PP y Vox.

Ahora, un año después, el Gobierno valenciano trabaja en un nuevo decreto-ley de las mismas características para poder acometer diferentes cambios legales en la recta final del año. Algo que, en realidad, podría abordarse en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos.

Sin embargo, lo cierto es que aunque las consellerias del ejecutivo autonómico trabajan en unas nuevas cuentas para el próximo ejercicio y Mazón tratará de sacarlos adelante de cara a diciembre, nada garantiza que esto vaya a ocurrir. Y sin Presupuestos, no puede haber Ley de Acompañamiento.

En este sentido, como ya adelantó este diario, Vox, el principal socio parlamentario del PP, ya advirtió que no veía "oportunos" unos nuevos presupuestos ante la baja ejecución de los anteriores, que se aprobaron en mayo.

Con el parón de verano de por medio, los cargos valencianos de Vox encargados de las negociaciones en el Parlamento valenciano piensan que apenas han echado a andar y que muchas partidas (e incluso cuestiones introducidas por ellos) se quedarán en el limbo.

Eso no quiere decir que rechacen sentarse a negociar. Si así lo decide la dirección nacional de su partido, lo harán y pondrán sus condiciones.

En cualquier caso, y con la duda de si habrá o no nuevos Presupuestos de la Generalitat de 2026 y Ley de Medidas Fiscales, el ejecutivo mientras tanto ya elabora un nuevo decreto simplifica para acometer de forma ágil los cambios que desean para poder impulsar muchas de las políticas que buscan ejecutar.

Preguntados al respecto, desde el Consell no ofrecen detalles sobre cuáles son las modificaciones legales en las que se trabaja, como tampoco relacionan un hecho con otro: la puesta en marcha de un nuevo Simplifica con la incertidumbre de si habrá cuentas el año que viene.

Sin embargo, fuentes del propio ejecutivo valenciano consultadas por este diario sí vinculan ambas circunstancias. Y lo cierto es que ambas figuras legales, tanto el ómnibus como la ley de Acompañamiento, tienen el mismo fin.

Ahora bien, el gobierno de Carlos Mazón tendrá que armar y argumentar muy bien esta norma para lograr sumar el voto favorable de algún partido de la oposición para ser convalidada en un pleno del Parlamento valenciano.

No en vano, esta herramienta (la del decreto-ley) está ideada para cuestiones de urgente necesidad y que sí o sí deben validarse haya o no Ley de Acompañamiento, como por ejemplo la subida salarial de los funcionarios que se realiza año tras año y va vinculada a los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023.