El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha llegado este viernes a los juzgados de Catarroja sobre las 9.10 de la mañana entre protestas de una decena de familiares de víctimas de la dana.
Miguel Polo declara como testigo ante la jueza que instruye la causa sobre la gestión de la emergencia del 29 de octubre. Una citación que le obliga a romper su silencio de casi once meses.
La entrada del presidente de la CHJ ha ido acompañada de una pequeña protesta organizada, en la que el hijo de una mujer fallecida le ha gritado: "Mi madre está muerta, ¿y tú qué haces? Pasear y esconderte".
Alrededor de diez personas le esperaban en las puertas de los juzgados, donde le han recibido con carteles con frases como "Ni Gobierno, ni Generalitat, ni Ayuntamiento hicieron nada", "229 vidas por vuestra incompetencia" o "la culpa es de la CHJ, no del cielo".
Entre ellas, una familiar de una víctima a la que la jueza expulsó de la causa por sus teorías conspiranoicas.
Polo se ha manifestado brevemente antes de entrar ante los medios de comunicación presentes. "No es agradable venir aquí en estas condiciones, pero no tenemos absolutamente nada que ocultar", ha asegurado.
El máximo responsable de la gestión de la cuenca del Júcar deberá responder, con la obligación de decir la verdad, a todas las partes personadas en la causa, algunas de las cuales han pedido su imputación en reiteradas ocasiones. La jueza lo ha rechazado.
Las acusaciones a Polo
El pasado 29 de enero, en una de sus contadas intervenciones ante los medios desde la tragedia, Polo dijo tener claro que la institución que dirige "no es responsable" del desastre generado por la dana y que "todo el mundo sabe lo que no se hizo".
"No hay más que decir en estos momentos, estamos en la reconstrucción, después habrá tiempo para hablar de todo lo demás", agregó entonces.
El nombre de Polo ha estado presente en innumerables cruces de acusaciones entre Administraciones gobernadas por diferentes partidos que se vieron implicadas en la gestión de la dana.
El papel de la institución que preside a la hora de transmitir la información sobre los caudales, especialmente el de la rambla del Poyo -que ocasionó la gran mayoría de las muertes- ha sido uno de los principales focos de controversia judicial y política.
Acusaciones, Generalitat y técnicos de Emergencias han señalado que la CHJ debió informar en el Cecopi sobre el riesgo de inundaciones y que tenía la obligación de avisar sobre los datos que manejaba más allá de los correos que envió sobre la subida del caudal.