El proceso de estabilización de interinos en la Diputación de Valencia es el cuento de nunca acabar. Los plazos se van ampliando conforme vencen desde diciembre de 2024, que era el tiempo límite que marcó el Gobierno de España para que estuviera resuelta la OPE extraordinaria.

Pero nueve meses después, el proceso todavía se encuentra a medio acabar. Y la corporación provincial estima que no podrá ver resueltas 26 convocatorias de las 29 que tiene en marcha hasta octubre. Las otras tres restantes, incluso, no podrán concluir al menos hasta noviembre.

El embrollo jurídico que afectó a esta Oferta Pública de Empleo estalló en marzo del año pasado, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia declaró nulos dos apartados de las bases de una de las convocatorias, la de Técnico de Administración General (TAG).

En concreto, los artículos que baremaban de forma diferente la experiencia de los interinos de la administración provincial frente a los que provenían de la Generalitat Valenciana y cualquier ayuntamiento de la autonomía.

El tribunal consideró entonces que la diferencia que planteaba el baremo era tan grande que impedía el acceso a la función pública en condiciones de igualdad para todos los aspirantes. En definitiva, que la distancia entre unos y otros era prácticamente insalvable.

El artículo en cuestión, puntuaba la experiencia profesional de un funcionario interino de la Diputación con 0,45 puntos por mes trabajado, mientras que si el empleado temporal era de otra administración pública solo podría sumar 0,1 puntos aunque pertenecieran al mismo subgrupo y categoría.

La diferencia motivó un recurso por parte de un aspirante y el juzgado acabó dándole la razón y obligó a que cambiaran las bases. Así que el órgano provincial planteó al Consell Jurídic Consultiu qué hacer con el resto de convocatorias (28) que tenían en marcha, dado que podrían ser objeto también de recurso y posterior nulidad.

El órgano consultivo instó a cambiar las bases del resto de convocatorias, así que todas empezaron de cero. Una decisión que afectó a más de 5.500 personas, que eran las que se habían presentado a los distintos procesos.

Llegó fin de año sin que se hubieran publicado las nuevas bases, ni tampoco, lógicamente, estuviera resuelta ninguna convocatoria. Por lo que la Diputación se exponía a perder el centenar de plazas que se ofertaba en la OPE.

No obstante, desde la corporación provincial alegaron que tendrían "hasta mayo para concluirlos" porque Función Pública publicó una circular en la que explicaba que si un proceso fue convocado antes del 31 de diciembre, se podía "prorrogar hasta mayo para su resolución".

El plazo expiró con los 29 procesos en marcha y la previsión de la propia Diputación era acabarlos un mes después, en junio. Algo que tampoco ocurrió. En septiembre de 2025, según fuentes de la corporación, todavía nueve procesos de concurso-oposición se están ejecutando.

Se trata de la fase de oposición de las categorías de técnico auxiliar de Archivo y Biblioteca, técnico auxiliar de Servicios Culturales, subalterno, profesor técnico, profesor de inglés de Secundaria, oficial de recaudación, oficial de artes gráficas, enfermero de trabajo y administrativo.

Nueve categorías a las que se habían presentado en total 2.360 personas para las 22 plazas ofertadas. De ellos, 1.989 interinos siguen todavía a la espera de poder realizar el examen.

Además, otros 3 procesos más se encuentran en fase de negociación para modificar la titulación requerida para optar a una plaza, ya que fueron recurridos. Y hasta este miércoles 17 de septiembre no se celebró la mesa de negociación para cambiar los requisitos.

Los plazos que se barajan, en el mejor de los casos, es que pueda quedar todo resuelto a finales de octubre, exceptuando estas últimas tres convocatorias, que no podrán finalizar hasta noviembre, 11 meses más tarde de lo que debían haberse resuelto.

"Vicio subsanable"

Con todo, los plazos rebasan sobradamente el límite establecido en el que debería haberse publicado ya las actas finales de los tribunales en las que se hicieran las propuestas de nombramientos o, incluso, los interinos hubieran tomado posesión de la plaza.

No obstante, desde la institución defendieron en su momento que los plazos señalados en la norma estatal para reducir la temporalidad en las administraciones carecían "de carácter esencial", por lo que su incumplimiento constituía "un vicio subsanable".

Función Pública aclaró en un boletín de consultas que en aquellos casos en los que "no se pudiera cumplir con el plazo de resolución de los procesos, la Administración podría continuar con ellos hasta llevarlos a término, con la mayor celeridad".

Por ello, entienden que pueden continuar sin problemas con ellos porque su causa está justificada por una nulidad de las bases. Todo, entre 10 y 11 meses fuera del plazo fijado inicialmente.