La Diputación Permanente de Les Corts ha convalidado este lunes tres decretos leyes del Consell, dos de los cuales han conseguido la unanimidad de todos los grupos.
Uno de ellos ha sido aquel que concede un crédito extraordinario por importe de 1.700 millones de euros a la Generalitat para financiar parcialmente el déficit de la Comunitat Valenciana correspondiente a 2024.
El texto ha sido defendido por el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en lugar de por la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Según fuentes de Les Corts, ésta se encontraba de viaje.
El Gobierno valenciano tuvo que cerrar la operación de crédito con CaixaBank, Sabadell y Kutxabank para atender las obligaciones pendientes de pago con proveedores de servicios públicos esenciales tras no recibir en julio el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario por parte del Gobierno para cubrir el exceso de déficit de 2024.
El crédito necesitó la autorización del Ejecutivo central, cuya negativa al Extra FLA coincidía en el tiempo con la "financiación singular" acordada con Cataluña, autonomía presidida por Salvador Illa (PSOE).
Según el Consell, este decreto es necesario para contabilizar y abonar "las facturas que estaban paradas" y se financiará mediante operaciones de endeudamiento, con las condiciones autorizadas por el Consejo de Ministros.
La diputada del PP Mari Carmen Contelles ha reprochado al Gobierno central que se niegue a cambiar el sistema de financiación autonómica "mientras regala a separatistas todo lo que quieren".
Mientras, el portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "abandonar a los valencianos" tras la dana.
Por su parte, el parlamentario del PSPV Toni Gaspar ha afeado al PP su "victimismo" y ha defendido que el Gobierno de España ha tenido que acudir "en auxilio" de la Comunitat Valenciana. En todo caso, no ha hecho mención a la negativa del Extra FLA.
Desde Compromís, su portavoz, Joan Baldoví, ha justificado el voto a favor de su grupo por "responsabilidad". "Sin estos recursos la situación de la Comunitat sería mucho más complicada", ha afirmado.
Sanidad
El otro decreto que ha sido aprobado por unanimidad ha sido el que regula la colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad, y cinco ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para que los consistorios puedan desarrollar actuaciones relacionadas con la construcción de nuevos centros sanitarios o la ampliación de los ya existentes.
De esta manera, la Conselleria de Sanidad establece una línea de cooperación para que puedan construir nuevos centros o desarrollar obras en determinadas infraestructuras sanitarias en Borriana, Santa Pola, Torrent-El Vedat, Mislata y Orihuela Costa.
Reparos de la Abogacía
Aquel que sólo ha logrado los votos a favor del PP y Vox -mientras el PSPV y Compromís se han posicionado en contra- ha sido el decreto ley que permite la conexión continua de L'Albufera con el mar.
Éste se ha presentado por haber empeorado la calidad del agua por la dana del 29 de octubre y el aumento de la temperatura a más de 30 grados, así como que los ayuntamientos puedan hacer obras menores de urbanización en dominio público portuario.
Mediante esta norma, se suspende temporalmente el régimen de apertura restringida de compuertas del'Albufera, además de permitir a ayuntamientos realizar viales, carriles bici, luminarias o mobiliario urbano, cuando no supongan una ocupación excluyente para otros usuarios del puerto.
Se busca asimismo regularizar cerca de 250 concesiones administrativas y hasta 150 autorizaciones de ocupación temporal del dominio público portuario, para aportar seguridad jurídica y promover la inversión privada en esas infraestructuras.
El decreto introduce dos reformas en la normativa autonómica, entre ellas una modificación del régimen de apertura de compuertas en el parque natural para permitir que puedan hacerlo a cualquier hora del día.
Sin embargo, la diputada del PSPV María José Salvador ha afeado al PP el informe de la Abogacía de la Generalitat que ponía reparos en el hecho de que recurriera al decreto ley.
"El hecho de que haya una necesidad urgente no exige acudir a la figura del decreto-ley en los casos en que sea necesario porque no haya una reserva de ley. Menos aún cuando ni siquiera la materia regulada por el decreto-ley (puertos) es la misma que la modificación de la Orden (protección del medio ambiente).
No es la mejor técnica normativa. Recurrir al decreto-ley es tanto como 'matar moscas a cañonazos'”, dicho en lenguaje coloquial", afirmó la Abogacía.
En todo caso, sí consideró que se había "justificado suficientemente la extraordinaria y urgente necesidad en base a la emergencia medioambiental generada por la dana, que ha producido un empeoramiento de la calidad del agua, con riesgo de hipoxia y que hace necesario proteger el ecosistema del Parque Natural de l’Albufera".