La Generalitat Valenciana mantiene su rechazo a la condonación de la deuda autonómica que pactó el PSOE con ERC para que este partido apoyara la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

El Gobierno tiene previsto aprobar la quita en el Consejo de Ministros de principios de septiembre junto a otras iniciativas. Tras ello, tendrá que comenzar su tramitación parlamentaria y la intención es que la ley obtenga luz verde en el Congreso antes de final de año. 

Los socialistas habrán de reunir los apoyos. El PP ya anticipó el pasado febrero que votará en contra. Así se lo trasladó Alberto Núñez Feijóo a los presidentes autonómicos de su partido (entre ellos el valenciano, Carlos Mazón) cuando trascendió el contenido de la propuesta. 

Con el sistema articulado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la Comunitat Valenciana obtendría la condonación de deuda más baja en términos relativos: un 19% (11.210 millones) sobre el total de su deuda de 59.000 millones.

Todo en medio de la reconstrucción tras la dana, cuando más recursos requiere la autonomía, y a pesar de que el grueso de la abultada deuda valenciana la ha provocado, precisamente, la infrafinanciación que padece por parte del Estado por un sistema que lleva caducado más de una década.

No solo Cataluña resulta beneficiada. También Andalucía -región de procedencia de Montero y en la que competirá por la presidencia con Juanma Moreno- con una propuesta de quita del 47% de lo que debe.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la condonación de 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas el pasado febrero con el plantón de los territorios que gobierna el PP, incluyendo el valenciano. 

"Ignora las necesidades"

Ante ese criterio único, la posición de la Generalitat no ha variado de cara a la aprobación de septiembre por parte del Consejo de Ministros. 

La fórmula, señalan desde el Ejecutivo que preside Carlos Mazón, no responde a los intereses de la Comunitat Valenciana y "no puede aceptarse ni por el fondo ni por la forma en que se ha planteado".

"El cálculo del Ministerio de Hacienda para la condonación parcial de la deuda financiera es parcial y erróneo", insisten.

"El Ejecutivo valenciano ya avanzó su postura contraria mediante la carta oficial remitida el pasado 25 de marzo a la Secretaría del Consejo de Política Fiscal, en la que reiteraba su disponibilidad al diálogo siempre que se respetara el marco multilateral y la posición mayoritaria expresada por las comunidades autónomas", prosiguen.

En este sentido, apuntan que "no se puede aceptar una propuesta diseñada al gusto de los separatistas catalanes y que ignora las necesidades reales de la Comunitat Valenciana" al "excluirla de manera flagrante de la fase que supuestamente debía corregir la infrafinanciación". 

Reforma del sistema

"Cualquier solución al problema del sobreendeudamiento autonómico debe ir ligada a la reforma urgente del sistema de financiación para garantizar la equidad y la suficiencia de recursos, incluyendo por supuesto un fondo de nivelación transitorio", indican.

"Los 11.210 millones de euros de deuda que propone condonar el Ministerio solo representan el 19,3 % del total de la deuda de la Comunitat y el 24,3 % de la que se calcula que está directamente provocada por la infrafinanciación. Ambas cifras son las más bajas entre todas las comunidades de régimen común", recuerdan. 

A ello se une, destacan, que "el reducido ahorro en intereses derivado no se traduce en más recursos para poder aumentar el gasto en ni en Sanidad, ni en Educación, ni en Servicios Sociales, ni para destinar a la reconstrucción tras la riada, tal y como ha confirmado la AIReF".

La condonación, concluyen, tampoco permitiría a la Generalitat  acudir libremente a los mercados para financiarse.

La pregunta siguiente a todo este posicionamiento es qué ocurriría si el PSOE lograra reunir los apoyos parlamentarios y la quita obtuviera luz verde en el Congreso. ¿Firmaría la Comunitat Valenciana los más de 11.000 millones pese a ser las migajas?

Desde el Gobierno autonómico evitan responder ahora a esa pregunta porque declinan especular sobre futuribles y esperarán al trámite parlamentario.