El Gobierno valenciano ha aprobado recurrir ante el Tribunal Supremo el desarrollo del Decreto Ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados planteado por el Ejecutivo central al considerar que se trata de un acuerdo "no negociado" que "invade las competencias de la autonomía".
Así lo ha asegurado la portavoz del Consell y vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ante los medios de comunicación, donde ha explicado que impondrán el recurso para que "la amenaza del Gobierno no se cumpla".
De esta manera, el pleno del Consell ha acordado que la Abogacía de la Generalitat interponga un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/205, de 22 de julio, por el que el Gobierno determina el reparto de menores migrantes.
Para Camarero y la Administración valenciana, se trata de un acuerdo que "rompe el principio de autonomía". "Es un reparto unilateral, que no está negociado con las comunidades, que invade nuestras competencias y que no está justificado", ha aseverado.
Tal y como ha detallado en rueda de prensa, el decreto ley presentado por el Gobierno de España contempla el reparto de casi 4.000 menores migrantes a las diferentes comunidades autónomas.
Por su parte, la Comunitat Valenciana recibirá 571 migrantes, el 14% de los 4.000 menores no acompañados que se distribuirán en toda España, exceptuando a Cataluña y País Vasco. Su peso poblacional, sin embargo, es del 10% en el conjunto del Estado.
Además, Camarero ha incidido en la necesidad de contar con recursos suficientes para asumir la recepción de los menores. "Sin los recursos el traslado es imposible para mantener la calidad del servicio y la dignidad de los menores", ha apuntado.
La vicepresidenta ha detallado que el Ejecutivo central ha presentado un presupuesto para este cometido de 7,4 millones de euros durante los primeros tres meses de estancia, una cifra muy lejana a los 45,5 millones que necesitaría la Generalitat para asegurar la asistencia, según Camarero.
Esto implica 35 euros al día por menor, frente a los 219,85 euros que destina el sistema valenciano al día por usuario. "Rompe el principio de autonomía financiera, ya que no aporta los recursos necesarios para atender a los gastos que conllevan estos menores", ha detallado Camarero.
Recurso de inconstitucionalidad
El recurso se interpone contra el desarrollo de la norma del Real Decreto-ley 2/2025. En abril, el Consell ya interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra este debido a que consideraba que suponía una infracción del orden constitucional de distribución de competencias e injerencia en las de la Generalitat en materia del sistema de protección de menores.
Cuando se presentó el recurso de inconstitucionalidad el pasado mes de mayo, el Ejecutivo de Carlos Mazón afirmó que esta redistribución de menores migrantes no acompañados desde Canarias se trataba de "un chantaje institucional disfrazado de solidaridad".
Fuentes de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Asuntos Sociales denunciaron que "operaban de forma constante al 160% de su capacidad específica, sin apoyo del Gobierno central", algo que ha recordado en rueda de prensa Camarero, detallando que han incrementado en 122 plazas su capacidad.
La propia consellera, en respuesta a preguntas de los medios, ha explicado que el recurso aprobado por el pleno del Consell "es complementario al recurso de inconstitucionalidad" que ya se presentó.
"Se trata de una distribución discriminatoria, ni tienen política migratoria ni acogen a los que les han obligado a acoger", ha concluido en referencia al Ejecutivo central.