Tras el contundente informe de la Guardia Civil sobre lo que ocurrió el pasado 29 de octubre, la asociación Liberum, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa penal sobre la dana, ha solicitado a la jueza instructora la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
Tal y como publicó este diario, la Guardia Civil señala en ese informe que destaca "sobremanera" la "inexistencia de avisos" de la CHJ del ascenso "exponencial" que la tarde del día de la dana sufrió la rambla del Poyo.
El escrito subraya sobre el organismo, presidido por el socialista Miguel Polo, que, durante ese "ascenso exponencial" del caudal en el Poyo desde las 16:15 horas, la CHJ no realizó "comunicación alguna" hasta las 18:43 horas, cuando el caudal alcanzó los 1.683 metros cúbicos por segundo.
La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja ya ha rechazado anteriormente, y lo ha ratificado la Audiencia de Valencia, imputar a Polo, al considerar que "no procede" atribuirle responsabilidad penal dada la existencia de correos automatizados de avisos sobre los caudales que se enviaron desde la CHJ a Emergencias entre las 16:13 y las 18:43 horas.
Sin embargo, para la asociación, el informe acredita que la CHJ "no cumplió con su función de comunicar a tiempo real y puntual" sobre el aumento del caudal en los embalses.
Además, señala que el presidente de la CHJ estaba en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y "no alertó de la gravedad de la situación", pese a que "era su responsabilidad" gestionar la información del barranco del Poyo y actuar conforme a esa información.
Aemet
De la misma manera, Liberum también solicita que se cite a declarar en calidad de testigo a la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Rallo.
Consideran que este organismo "es responsable de los deficientes contenidos de avisos de alertas, al no contener indicaciones claras sobre la necesidad de buscar lugares de seguridad en las alturas".
Por último, solicita asimismo la declaración como testigos de la comisaria y tres responsables del embalse de Forata, y la copia del expediente completo que tramitó la autorización para un desembalse de agua, su justificación, recorrido del caudal, e impacto en la zona.