La Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para Francis Puig, el hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, por los presuntos delitos de falsedad documental en concurso medial con estafa agravada.
Según el escrito de Anticorrupción, este habría "simulado gastos empresariales" con el fin de obtener subvenciones de la Generalitat Valenciana y Cataluña para la promoción del valenciano en medios "superiores a las que le hubieran correspondido".
Los gastos que aportó para justificar la petición de subvenciones públicas los atribuyó a una empresa que para el Ministerio Fiscal era "ficticia" y habría sido creada con el "único fin" de obtener estas ayudas.
Se trata de Mas Mut Producciones, creada en 2004, administrada por Francis Puig y cuyo único socio era Comunicacions dels Ports SA, también propiedad del hermano del expresidente. "Es una empresa redundante", relata el escrito de acusación.
La investigación de la causa se inició en 2019, a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y contra la Hacienda Pública.
Tras seis años de instrucción, la Fiscalía ha notificado ahora a las partes el escrito de acusación contra Puig y su socio, el empresario Juan Adell Bover, para el que también pide tres años de prisión.
A lo largo de 58 páginas, el Ministerio Público relata toda una serie de irregularidades cometidas entre 2015 y 2019, la primera legislatura del Gobierno del Botánico que conformaban PSPV y Compromís con Ximo Puig al frente de la Presidencia.
Durante esos años, las irregularidades detectadas en Comunicacions dels Ports van desde la expedición de facturas duplicadas, a otras con precios que no se corresponden con los trabajos realizados.
También el Ministerio Fiscal ha detectado facturas que fueron pagadas en el año anterior al que se formalizó la solicitud para que la actividad fuera subvencionada por parte de las administraciones autonómicas.
Francis Puig acude a declarar. Rober Solsona / EP
"En 2016 hay facturas con conceptos genéricos; en 2017 y 2018, otras duplicadas" y otras "cruzadas" con las empresas de su socio, Adell Bover. "Todas han podido ser creadas para la obtención de subvenciones en mayor cuantía que la que correspondería, y de cuya realidad se puede dudar", recoge el escrito.
El hermano del exjefe del Consell, según la fiscal, también habría aportado "facturas genéricas en concepto de alquiler, sabiendo que correspondían a un almacén de uso agrícola" en Morella, propiedad del padre del investigado.
En este apartado, la fiscal se refiere al hecho de que el grupo de productoras audiovisuales recurriera al arrendamiento de inmuebles donde no operaban sus sociedades para hinchar los gastos que justificaran las ayudas.
Entre ellas, se encontraba un almacén agrícola propiedad de Joaquín Puig, progenitor de Francis Puig. "Este gasto tampoco ha quedado debidamente justificado por el investigado", expone la Fiscalía.
Acto seguido también subraya que en este caso la Intervención General de la Generalitat Valenciana lo consideró como "gasto no subvencionable" por no tratarse de ninguna actividad a subvencionar, según las bases de la convocatoria de ayudas.
"Se autofacturó"
En relación a Mas Mut Produccions (MMP), Anticorrupción sostiene que el investigado aportó facturas "sabiendo que se trataba de autofacturación".
El Ministerio Fiscal lo entiende así porque se trata de una "empresa vinculada cuyo socio principal es Comunicacions Dels Ports (CDP) y coinciden también los administradores".
Para ahondar en la tesis de que se trataría de una empresa ficticia, Anticorrupción apostilla: "Su sede social, en Peñarroya de Tastavins (Teruel) es ficticia, puesto que está situada en una vivienda particular, donde no se ha hallado indicio alguno de actividad societaria".
Fotografía de la vivienda tomada por los agentes de la Guardia Civil. EE
La acusación advierte además que el objeto social "es idéntico al de CDP y aunque el administrador -Francis Puig- mantuvo que MMP se dedicaba a la actividad digital, los conceptos de buena parte de las facturas no se corresponden con esta tarea".
"Hasta el punto de que va a ser considerada como una empresa ficticia dirigida exclusivamente a la obtención se subvenciones", concluye respecto a esta otra mercantil.
Asimismo, defiende que posteriormente el dinero público que recibió la mercantil no se destinó "a la finalidad para la que fueron convocadas las subvenciones" por parte de las dos administraciones.
En este sentido, se incluyeron por ejemplo "facturas relacionadas con la reparación de vehículos ajenos a la empresa o repostaje de gasóleo". Y cita una factura de una reparación de un Ford Focus propiedad de Jorge Puig, hermano del investigado.
Por otra parte, el escrito también asegura que el empresario Juan Enrique Adell Bover, socio de Francis, habría aportado facturas "no auténticas" de Canal Maestrat -mercantil que da servicio a la Cadena SER en el norte de Castellón- con Mas Mut Produccions con el "único fin" de "incrementar las cantidades obtenidas en concepto de subvención".
Bover es administrador de Canal Maestrat, Kriol y la comunidad de bienes Nova, y aparecen vinculadas a CDP mediante facturas cruzadas y colaboraciones que para la Fiscalía son ficticias.
En su caso, la Fiscalía también relata que habría incluido, por ejemplo, facturas del vídeo de su propia boda como justificación de contenidos audiovisuales subvencionados.
Francis Puig, Juan Adell y Enrique Adell, empresarios sancionados por conformar un cártel audiovisual. EE
Otras de las facturas aportadas incluían vídeos que todo parece indicar que pertenecían, en realidad, al canal Terres de l'Ebre.
"Se duda que los contenidos hayan sido producidos por Mas Mut, puesto que en la mayoría aparece el micrófono con el logotipo Terres de l'Ebre. En ninguna de las crónicas se observan logotipos correspondientes a Mas Mut ni a Comunicacions dels Ports", expone Anticorrupción.
Indemnizaciones a las administraciones
El Ministerio Público cifra el presunto fraude a las administraciones autonómicas valenciana y catalana en 110.691 euros.
Por ello, pide para Francis Puig una responsabilidad civil directa y subsidiaria de 58.866 euros para indemnizar a la Generalitat Valenciana y de 51.825 euros para la Generalitat de Catalunya.
Al empresario, Adell Bover, además de los tres años de prisión, le reclama que indemnice de forma solidaria con 74.710 euros a las dos administraciones presuntamente defraudadas de forma proporcional, la Generalitat Valenciana y la de Cataluña.