La Audiencia de Valencia ha dictado la quinta sentencia condenatoria dentro del caso Taula, que se dividió en diversas piezas separadas. La que se juzgó el pasado abril y cuyo fallo se conoce ahora es la relativa a las irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera.
La Sala impone penas mínimas de prisión para los exalcaldes de ambas localidades: un año y un día para Javier Berasaluce y para Santiago Arévalo (ambos del PP) por un delito de fraude a la
Administración Pública y un delito de prevaricación en concurso medial; y dos años y un día para Óscar Martínez (del PSOE) por un delito de fraude a la Administración Pública, un delito de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos, en concurso medial.
La Audiencia condena igualmente al funcionario de la Diputación de Valencia Ricardo de Ángel a tres años de prisión por un delito de falsificación de documento público.
También al empresario Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent -quien fuera gerente de la empresa pública Imelsa y uno de los principales investigados en el caso Taula- a tres años de cárcel por un delito de fraude a la Administración Pública, un delito de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos, en concurso medial.
La sentencia hace suyos muchos de los argumentos que desplegó, a lo largo del juicio, la Fiscalía Anticorrupción tras una instrucción que se dilató en el tiempo.
En su momento, el juez concluyó que los alcaldes desvirtuaron procesos de adjudicación de servicios para evitar la concurrencia real de empresas y favorecer a las firmas Servimun, de Fernando Palomares (para quien se archivó la causa por motivos de salud) y a Técnicas Legales Administrativas (TLA), de Mariano López.
Los procesos se tramitaron mediante procedimiento negociado sin publicidad y, de acuerdo con el magistrado, manipularon las condiciones de concurrencia.
En el juicio, el fiscal consideró que hubo un "acuerdo" de los alcaldes de Requena y Enguera con los dos empresarios para realizar la adjudicación dentro de un "plan preconcebido".
Ahora, en la sentencia, la Audiencia avala esta tesis. En el caso de Requena -que luego hace extensible a Enguera-, expone que "claramente se escogió el tipo de contrato (negociado sin publicidad) y la confección de las cláusulas de contratación".
También "la forma de hacer inviable cualquier competencia por parte terceras empresas interesadas (...) y la manera en que se iban a elegir y a invitar a las dos empresas en una licitación sin objetivo distinto al de adjudicarles el contrato".
"Sin poner en duda siquiera la necesidad real de los ayuntamientos"de hacer estos contratos, dice la Sala, "la actuación desarrollada por los respectivos alcaldes obedece al cumplimiento de un acuerdo gestado entre 2012 y 2013 con Mariano López para que dicha contratación revirtiera en beneficio de Servimun, burlando las exigencias legalmente establecidas para la tramitación y evitar que pudiera concurrir otra empresa distinta".
Según la Audiencia, "resultó acreditado que el alcalde, en el ejercicio de su función pública, adoptó resoluciones que, aun formalmente adaptadas al texto legal, contradecían el mismo en cuanto a que se sabía de antemano que las entidades mercantiles invitadas no iban a presentar ofertas que compitieran una negociación posterior con el alcalde y el ayuntamiento con la realizada por Servimun".
Éstas, incide, "se dictaron con clara desviación de poder, tergiversando el derecho aplicable, reemplazándolo por la voluntad" de los acusados. Motivo por el que califica la contratación en ambos municipios de "ficticia e ilegal".
Otras 4 condenas
La sentencia condenatoria se suma a otras cuatro dentro de la macrocausa de Taula. Una fue la pieza A, en la que la Audiencia consideró probada la financiación en B del PP de Valencia para las elecciones de 2007 y condenó al exvicealcalde Alfonso Grau a cuatro años y medio de cárcel.
Otra fue la de los llamados zombies de Ciegsa e Imelsa, dos empresas públicas en las que los empleados cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o realizaban labores que no correspondían a su puesto.
El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla fueron condenados a cinco años de prisión cada uno.
La tercera pieza con penas -que fue en realidad la primera que se dictó si se analiza cronológicamente- fue la relativa a las diversas operativas vinculadas al desvío de fondos públicos a través de la empresa Thematica Events, tras la cual se encontraba de forma encubierta Marcos Benavent.
La Audiencia le impuso 8 años de cárcel, si bien la máxima condena recayó en el administrador de la empresa, Rafael García Barat, con 9 años y dos meses.
La cuarta pieza con condenas -anterior a la de Requena y Enguera, que es la quinta- fue aquella en la que el exsecretario autonómico de Educación y exgerente de Ciegsa Máximo Caturla aceptó 11 meses de prisión tras un acuerdo de conformidad con la Fiscalía el pasado junio.
Con él, reconoció que ocultó patrimonio a la justicia tras saber que estaba siendo investigado en el caso Taula, por lo que sus bienes podían verse afectados.
Absoluciones y archivos
La macrocausa ha contado asimismo con absoluciones destacadas. Éstas se produjeron en la pieza sobre las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de 'call center' en la Diputación de Valencia.
La investigación apuntó a que se amañó el proceso y que la adjudicataria, Servimun, percibió de Imelsa 930.000 euros por ese contrato entre 2013 y 2016. Sin embargo, la sentencia no consideró probado ningún delito. Todos los acusados, entre ellos Alfonso Rus, Marcos Benavent y Mariano López, fueron absueltos.
El caso Taula también ha tenido archivos antes de la celebración de juicio. El más importante fue el de la pieza centrada en todas las supuestas irregularidades que tuvieron lugar en la empresa pública Ciegsa -dedicada a la construcción de centros educativos en la Comunitat Valenciana.
El instructor no vio acreditado ningún delito ni el desvío del dinero público, por lo que acordó el sobreseimiento en 2023.
Algo similar ocurrió en 2024 con la pieza relativa al presunto blanqueo de Alfonso Rus, que también archivó el juez. Ésta llevaba abierta desde 2016.