Las víctimas y los daños materiales que dejó la dana del pasado 29 de octubre a su paso por la provincia de Valencia pudieron reducirse de haberse ejecutado las obras pendientes desde 2010 para encauzar el barranco del Poyo.
Es una de las principales conclusiones que expuso este martes el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jorge Paciarotti, en la comisión de investigación de la dana que ha arrancado este 1 de julio en Les Corts Valencianes.
Paciarotti, autor del proyecto para Typsa que incluía siete actuaciones en La Saleta, el Pozalet y el Poyo, aseguró a preguntas de los diputados que las 228 muertes no se hubieran evitado al 100%, pero sí se habrían reducido en caso de haber estado hechas las obras.
"El nivel de inundación, velocidad del agua y el arrastre de sedimentos se hubieran reducido. Así que el nivel de daños y víctimas se hubiera reducido en consecuencia", manifestó tras reconocer, eso sí, que la lluvia que cayó el 29 de octubre superó los datos históricos.
Preguntado por la vigencia de estas obras, el ingeniero sostuvo que el proyecto seguía "siendo viable", pero con condicionantes. "Dada la lluvia que cayó, es conveniente revisar la hidrología", matizó.
"Habría que estudiar más zonas de laminación, áreas de inundabilidad, zonas de sacrificio, volver a pensar en la presa de Cheste o, incluso, pensar en un Plan Sur para el Poyo", avanzó el experto.
Asimismo, se mostró a favor de actuar en cauces, algo que, en parte y según sus palabras, se ha visto condicionado a veces por el avance urbanístico que se ha producido en los últimos años en l'Horta Sud. "Ha sido tremendo y eso ha impedido actuar", señaló.
Por otra parte, Paciarotti advirtió que lo ocurrido "puede volver a pasar". "Está muy bien ordenar el territorio para lo nuevo, pero ¿qué hacemos con lo que ya hay? ¿Expropiamos todo Paiporta? ¿Aldaia? Hay que pensar soluciones para lo que hay", afirmó.
Asimismo, no quiso entrar a valorar la pregunta de Compromís sobre si Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que preside Miguel Polo deberían dar explicaciones de lo ocurrido el 29 de octubre.
"No soy quien para decirlo, lo que sí sé es que el barranco del Poyo es competencia de la CHJ, porque fue el Ministerio quien dio el visto bueno al proyecto en su momento", expuso para, acto seguido, sostener que tanto el aviso a la población como las obras "eran necesarias".
"Las dos hacían falta y son complementarias", concluyó.
Presas de cabecera
A la primera sesión de la comisión de investigación de la dana también acudió este martes el arquitecto, urbanista y experto en planificación territorial e infraestructuras, Julio Gómez-Perretta.
Apenas comenzar su intervención, el experto advirtió de la urgencia en acometer las obras hidráulicas pendientes. "O las hacemos, o estamos condenados a repetir esa dana de manera periódica", subrayó.
Para ello, se mostró partidario de recuperar el proyecto de Typsa. Una gran actuación compuesta por siete obras valoradas en su día en un total de 240 millones de euros y pendientes desde hace 15 años.
Para Gómez-Perreta, "lo fundamental son las presas de cabecera". "Deberíamos volver a recuperar en Cheste alguna presa para tener margen de reacción", explicó el arquitecto.
También advirtió que las actuaciones anunciadas por el Gobierno central y, en particular, por el Ministerio de Transición Ecológica son actuaciones "parciales", ya que no contemplan la realización de todas las obras que incluía el proyecto de Typsa en 2010.
Se refiere, en particular, a ocho actuaciones anunciadas por el Ejecutivo recientemente en la Universitat Politécnica de València (UPV) y una inversión total de 467 millones de euros.
Aunque todavía se desconoce el detalle de las mismas, lo cierto es que los expertos ya han advertido que son muy similares a las proyectadas en su día y que, sin embargo, el propio Gobierno paralizó hace cuatro años. Incluso, alguna infografías de los proyectos anunciados como nuevos son obra de Paciarotti.
Para dejar en el cajón las intervenciones, el Ministerio alegó falta de presupuesto e incompatibilidad con la Ley de la Huerta valenciana. Una norma aprobada por el Gobierno de Ximo Puig y que el Ejecutivo valenciano ha modificado recientemente para permitir el desvío del barranco del Poyo.