Presidencia de la Generalitat Valenciana ha enumerado todos los actos de agenda que tuvo el jefe del Consell, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre, cuando una virulenta dana arrasó la provincia de Valencia y dejó a su paso 228 víctimas mortales.
El presidente asistió al Pleno del Consell a primera hora de la mañana, acudió al acto de recepción del certificado Aenor a la Comunitat Valenciana y a la presentación de la Estrategia de Salud Digital de la Comunitat.
Más tarde se reunió con el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, y los secretarios generales de CCOO-PV, Ana García, y UGT-PV, Ismael Sáez. Después mantuvo "un almuerzo de trabajo" y de ahí se marchó al Palau de la Generalitat, desde donde se trasladó al Cecopi en l'Eliana.
Así consta en una respuesta parlamentaria realizada por Presidencia el pasado 23 de junio a varias preguntas registradas por el grupo parlamentario Compromís en las que solicitaba información sobre la localización del jefe del Consell el 29 de octubre.
En la respuesta, Lumbreras indica que como "ya se ha reiterado en sucesivas comunicaciones públicas, así como en la comparecencia del presidenta ante el pleno de Les Corts el día 15 de noviembre de 2024, el día 29 de octubre estuvo atendiendo los actos de agenda programados".
Tras desvelar el contenido de esta respuesta, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha lamentado que con ello "no haya manera de saber el itinerario del coche oficial ni de los escoltas" del jefe del Consell.
Baldoví también ha criticado que tampoco puedan saber "desde dónde partió hacia el Cecopi", puesto que "han borrado las imágenes del Palau". "Ocho meses después no sabemos qué hizo", ha insistido Baldoví.
A su juicio, esta respuesta de Presidencia de la Generalitat es "absolutamente insuficiente" y el Consell demuestra con ello que quiere "esconder la verdad a los valencianos". "Es un Consell opaco que no da respuestas a lo que tenemos derecho a saber los ciudadanos", ha denunciado.
Grabaciones del Palau
Respecto a las grabaciones de las cámaras situadas en el Palau, conviene recordar que la coalición reclamó las imágenes a Presidencia el pasado mes de abril con la intención de averiguar dónde estuvo el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, la tarde en que se produjo la riada.
Presidencia de la Generalitat comunicó a Les Corts Valencianes que había borrado las grabaciones de las cámaras de seguridad de acceso al Palau de la Generalitat -situado en la plaza Manises-, tal y como regula la ley orgánica 4/1997.
Esta regula la utilización de cámaras de vídeo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. Y el citado artículo obliga, de hecho, a seguir este procedimiento.
"Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto", regula la norma.
En estos momentos, conviene señalar que estas grabaciones no forman parte de la instrucción de la causa de la dana. Por lo que, Presidencia respondió que no podía remitir las imágenes porque ya no disponía de ellas al haber cumplido con lo que dicta la normativa estatal.
Ahora bien, según un informe de la comisaria encargada de la seguridad del Palau que leyó en su momento la portavoz del Consell, Susana Camarero, en el caso de Presidencia las imágenes se borran a los 15 días de haberse tomado. Y el borrado se hace por "superposición de las grabaciones".
Con estos plazos, el borrado se produciría en torno al 12 de noviembre, por lo que hace meses que el Gobierno valenciano no dispone de estas grabaciones. Aún así, conviene apuntar que el tercer apartado del artículo 8 de la ley prohíbe la cesión o copia de las grabaciones.
También la instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras de protección de datos obliga a la eliminar las imágenes tomadas en la vía pública en un plazo máximo de un mes.