La situación financiera de la Generalitat es excesivamente delicada. Hasta el punto de que ya peligra el pago de nóminas a los empleados públicos si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no aprueba en el corto plazo el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario para que el dinero llegue en julio.

Así lo manifestó esta semana la consellera de Hacienda, Ruth Merino, en una entrevista en À Punt, en la que reconoció la especial gravedad de la situación que atraviesan las arcas valencianas.

El Gobierno ya advirtió hace días que existe un riesgo de "colapso" de los servicios públicos si estos fondos no llegan en julio, cuando habitualmente suele liberarlos el Gobierno.

Pero la responsable de Hacienda fue un paso más allá al advertir incluso que la Generalitat podría tener problemas para pagar las nóminas si el dinero no llega cuanto antes. "Si eso pasa, la culpa será de Pedro Sánchez", sostuvo Merino.

La Generalitat tiene una deuda comercial con sus proveedores de 1.456 millones de euros. Y estos han pedido ya que se les pague, pero la administración valenciana no tiene dinero y el Consell señala como responsable de su situación de tesorería al Ministerio de Hacienda debido al retraso en la aprobación del Extra FLA.

Un mecanismo dedicado a atender el exceso de déficit del año anterior, cuyo pago se produce en dos tramos: el 75% en julio y el restante a final de año. En el caso de la Comunitat, el déficit en 2024 ascendió a 2.495 millones de euros.

Por lo que el pago permitiría a la Comunitat contar con 1.900 millones de euros para hacer frente a los pagos que adeuda. Y el restante, en el último trimestre del año.

Pero si los fondos no llegan, existe un riesgo real de "poner en peligro los servicios públicos fundamentales de los valencianos y asfixiar a los proveedores" a los que genera "una enorme incertidumbre" el hecho de no tener "un horizonte de cobro concreto".

De hecho, los representantes de los sectores que prestan servicios a la administración autonómica ya exhibieron su angustia y exigieron hace unos días de forma conjunta al Gobierno de España la llegada de liquidez para poder cobrar.

Fue el presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval), José Luis Santa Isabel, quien resumió la coyuntura actual: "Nuestras familias necesitan comer".

"El presidente (Sánchez) dijo que si queríamos algo, que lo pidiéramos. Y si lo que necesitamos es el FLA extraordinario, que se apruebe con urgencia, porque esta comunidad no es de nadie, sino de todos. No es de un color ni de otro, es de las personas que lo habitamos", advirtió.

La Generalitat viene reclamando al Gobierno de España el Extra FLA desde diciembre, dado que el ministerio de Hacienda no incluyó este habitual mecanismo de liquidez en la planificación de la financiación autonómica de 2025.

Por ello, el Consell ha reclamado desde entonces que modificara la decisión de la comisión delegada de asuntos económicos para permitir que este mecanismo se pudiera dedicar a cubrir el exceso de déficit, como siempre había ocurrido.

Para el Ejecutivo valenciano, el Gobierno central está ejerciendo una "asfixia" financiera a la autonomía con la única intención de "hacer daño".

"Hasta ahora Sánchez y Montero solo han dado excusas por simple tacticismo político", defendió la consellera, Ruth Merino, para acto seguido lamentar que se estuviera en una "estrategia política".

Ahora bien, lo que sí es cierto es que la Generalitat, según publicó Valencia Plaza, sí ha recibido un segundo anticipo de 500 millones de euros que habrían permitido aliviar su delicada situación financiera y su deuda con los proveedores.

Se trata de anticipos a cuenta de la liquidación del sistema de financiación de 2023, de los cuales ya ha recibido la mitad de lo que le correspondería por este ejercicio: 1.000 millones en lo que va de año a falta de que el Gobierno libere el otro 50%.