El Partido Popular y Vox han logrado cerrar un acuerdo en todas las enmiendas presentadas a la Ley de Medidas Fiscales de 2025, más comúnmente conocida como la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat. No ha habido división.

Los populares han respaldado en la comisión de Economía todas las modificaciones legales que habían presentado los voxistas, y viceversa. Tan solo en 35 propuestas, en las que no había acuerdo inicialmente, ambas formaciones han tenido que consensuar textos alternativos a los registrados para lograr darles luz verde.

Vox había registrado 50 enmiendas en solitario. Algunas de estas se encontraban pactadas con el PP con anterioridad, otras tenían la esperanza de lograr transaccionarlas con los populares, como finalmente ha ocurrido.

Así, este jueves se han aprobado cambios legales que afectan a la fiscalidad, la tramitación de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) en Les Corts, la ocupación ilegal de vivienda o al director de la Agencia Valenciana Antifraude.

PP y Vox han validado la propuesta registrada por los segundos que rebajaba 1 punto el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ahora mismo fijado en un 10%. La intención era bajarlo a 9% este año y el acuerdo entre los dos partidos lo ha hecho posible.

También propusieron en su día bajar el tipo general de Actos Jurídico Documentados en una décima y elevar de 500.000 a 1 millón de euros el Impuesto de Patrimonio. Esto es, rebajar el mínimo exento al elevar la cuantía prevista actualmente en la ley, que es de medio millón.

Dos cambios legales que también han salido adelante con el rechazo de los partidos de la oposición, PSPV y Compromís.

El partido de Carlos Mazón y Vox sí que han debido transaccionar una de las enmiendas de Acompañamiento que afectaba a la fiscalidad. En concreto, aquella en la que Vox pedía bonificar al 75 % el tercer grado de consanguinidad en el Impuesto de Sucesiones, lo que afectaría a tíos, sobrinos, bisabuelos o biznietos. Finalmente, esta bonificación será más moderada: del 25 %.

ILP y Ens Uneix

Otra de las enmiendas que se ha visto modificada antes de aprobarse es la presentada en su día por el PP que afectaba a las Iniciativas Legislativas Populares. Pero no por la discrepancia con Vox, sino por el dilema que le había ocasionado a los populares con sus socios en la Diputación de Valencia, Ens Uneix.

Unió Municipalista, una plataforma que agrupa a diferentes partidos independientes y municipalistas coordinada por el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, presentó una ILP para rebajar el listón electoral del 5% al 3% el pasado mes de abril.

Sin embargo, el PP registró una enmienda a la Ley de Acompañamiento de 2025 para vetar aquellas iniciativas que tocasen materias del Estatut d'Autonomia. En la práctica, suponía que quedase desactivada precisamente la iniciativa de Rodríguez y no pudiera siquiera llegar a tramitarse.

La maniobra generó un importante malestar en Ens Uneix, gracias a quien el PP ostenta la presidencia de la Diputación de Valencia con Vicente Mompó al frente. Y advirtieron que el pacto en la corporación provincial estaba "en serio peligro".

Tras aquella amenaza, el PP ha decidido matizar su modificación legal propuesta inicialmente e incorpora una disposición transitoria única en la que determina que, aquellas ILP registradas con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma podrán tramitarse conforme a la normativa vigente en su día.

Es decir, que la nueva nroma no tendría efectos retroactivos. Por lo que la iniciativa de Unió Municipalista sí podrá tramitarse en el Parlamento valenciano, si bien su defensa en el pleno queda en el aire y todo quedará a expensas de la previa toma en consideración en una sesión plenaria.

Oficina 'antiokupas'

Otras de las enmiendas registradas por los voxistas a los que el PP ha dado luz verde afectan a la ocupación ilegal de vivienda y al director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut.

Las dos formaciones han acordado que se constituya la una oficina similar a la que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Valencia que lidera María José Catalá, pero con carácter autonómico. Esta se dedicará a asesorar legalmente y acompañar a las víctimas que sufren estos delitos.

La oficina estaría adscrita a la Conselleria de Vivienda que dirige Susana Camarero y su creación "no supondrá un incremento del gasto en el capítulo 1, de gastos de personal".

Si bien en un principio la enmienda de los voxistas especificaba que estaría integrada por funcionarios, esto ha desaparecido del redactado definitivo. Dado que una medida de este tipo debería ser negociada con los sindicatos mayoritarios de la administración autonómica.

Asimismo, también se ha incorporado que las competencias y funciones que tenga atribuidas esta oficina serán desarrolladas en un reglamento.

Por otra parte, PP y Vox también han aprobado un cambio en la ley de la Agencia Valenciana Antifraude para incorporar más causas por las que se pueda cesar a su director.

La Cámara autonómica podrá apartar de su puesto a Beut en caso de "negligencia notoria y grave en el cumplimiento de sus obligaciones y los deberes del cargo". Es decir, si se considerase que no ha hecho su trabajo.

Establecen que para poder cesarlo por tal motivo, será necesario que lo aprueben tres quintas partes del Parlamento valenciano, si bien previamente se le daría audiencia para que pudiera explicarse.