El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo este jueves sobre el plan de trabajo  de la comisión de investigación de la dana que se desarrollará en el Parlamento valenciano. 

Una comisión a la que los dos partidos, con mayoría en la Mesa, quieren que acudan a comparecer desde el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, hasta el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y otros cinco ministros. 

Entre ellos, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la responsable de Hacienda en el Gobierno de España, María Jesús Montero; y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; además de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.  

El número de comparecientes es extenso e incluye tanto a miembros de la Generalitat actual y anterior, como a responsables del Gobierno central con la intención de que la oposición se vea forzada a apoyarlo.

De hecho, incorpora a 13 cargos del Gobierno valenciano actual, algunos cesados de sus responsabilidades poco después de que tuviera lugar la tragedia el pasado 29 de octubre. 

Es el caso de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas o el exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso. Los dos están citados a declarar como investigados. 

Junto a ellos, populares y voxistas convocan a la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero; al conseller de Infraestructuras, Fernando Martínez Mus, quien recientemente ha modificado la Ley de la Huerta; o al exsecretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida.

Asimismo, citan al director del Instituto Valenciano de Estudios Económicos, Francisco Pérez, que podría informar del impacto económico de la dana en la autonomía que, recientemente, el primer informe de la reconstrucción cifra en 17.800 millones de euros.  

PP y Vox también incluyen en el listado de los comparecientes al director general de Emergencias, Alberto Martín; el director general de la SGISE, Raúl Quílez; o al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez. 

Por último, el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco Coll; el director general de Feria Valencia, Jorge Fombellida; y el subdirector general de Espacios Naturales Protegidos, Carles Borrás.

Gobierno de Puig

Ahora bien, en el listado de comparecientes no solo se encuentran gestores actuales o que pertenecieron hasta hace poco al ejecutivo valenciano actual. PP y Vox quieren también que acudan a sede parlamentaria exresponsables del Consell anterior. 

Así, convocan al expresident de la Generalitat, Ximo Puig; a la exconsellera de Obras Públicas y actual diputada autonómica, María José Salvador; la exconsellera de Política Territorial, Rebeca Torró; y el exconseller de Hacienda, Arcadi España. 

Durante el mandato de Puig, conviene recordar, se aprobó la Ley de la Huerta que impidió la ejecución de las obras para encauzar el barranco del Poyo y de La Saleta por la protección del territorio.

La norma la impulsó el departamento de Obras Públicas en 2018 y el Gobierno central paralizó las obras por el informe desfavorable del recién extinguido Consejo de la Huerta. 

CHJ, Aemet y ayuntamientos

Los dos grupos parlamentarios han acordado también llamar a los alcaldes de municipios que se vieron afectados por la riada: Alaquàs, Aldaia, Catarroja, Torrent, Paiporta, Picanya o Utiel, entre otros 17. Incluida, la de Valencia, María José Catalá. 

Asimismo, el Parlamento valenciano también convoca al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; y al jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.

Ambos ya fueron citados a la comisión de estudio del Ayuntamiento de Valencia, pero ninguno asistió a la misma. El Gobierno excusó la participación del primero mediante carta e instó a reclamar la documentación que requiriesen por escrito, mientras la comparecencia del segundo, directamente, fue vetada.    

Ahora, Les Corts Valencianes insisten en que acudan los dos para poder conocer la versión de lo ocurrido en la jornada de la catástrofe. 

Además de Polo, también solicitan la comparecencia de Aránzazu Fidalgo, jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ; y de la empresa concesionaria del SAIH, el Sistema Automático de Información Hidrológica que permite disponer dedatos en tiempo real.

En su web, la CHJ reconoce que estos "tienen el carácter de no oficiales y no pueden ser legalmente utilizados", ya que se trata de información de"naturaleza provisional" que debe ser verificada "antes de usarla para la toma de decisiones que conciernen a seguridad personal o pública". 

Entre los 85 citados a la comisión, se encuentran además miembros de la sociedad civil y expertos en la materia como el decano de Ingenieros de Caminos, Javier Machí, el ingeniero que iba a encauzar el barranco del Poyo; el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo; o la directora general de la Guarcia Civil, María Mercedes González. 

Una sesión al mes

En el plan de trabajo, los grupos PP y Vox dejan la puerta abierta a poder incorporar nuevos comparecientes y fija que, al menos, se celebre una sesión cada mes durante un periodo de un año. 

Tras 12 meses de trabajo, proponen que se elabore el dictamen en el que se diriman las posibles responsabilidades políticas que se derivan de la gestión de la dana. Un dictament que, por tanto, se votaría en abril de 2026.