Semana crítica para Carlos Mazón. El presidente del Gobierno valenciano atraviesa su peor crisis desde que el pasado 29 de octubre tuviera lugar la dana más dañina de la historia de la Comunidad, que dejó 227 víctimas mortales a su paso.

El jefe del Consell reconoció esta misma semana que su llegada a la reunión del Cecopi aquella jornada se produjo a las 20:28 horas.

Se trata de un anuncio que le eximiría de la posible responsabilidad judicial, porque el mensaje ES-Alert fue enviado a la Población a las 20:11 desde el Cecopi —aunque no por la inundación en el fatídico barranco del Poyo, sino por el riesgo de rotura de la presa de Forata—.

No obstante, esta táctica jurídica deja muy tocado su crédito político. Si bien él insiste en que no ha cambiado la versión de los hechos, lo cierto es que Presidencia aseguró en varias ocasiones tras la tragedia que Mazón llegó al Cecopi después de las 19:00 de la tarde.

Ahora, cuatro meses después y con la jueza de la causa reclamando documentación a la Generalitat, la inquietud de su equipo parece centrarse en acreditar, como estrategia de defensa, que no fue el responsable del retraso en el envío del mensaje ES-Alert a la población. 

Y esta maniobra defensiva ha hecho que crezca la presión política para que dé un paso a un lado; tanto la externa, como también la interna.

Según trasladan fuentes del entorno de Mazón a EL ESPAÑOL, el propio dirigente era consciente de que el anuncio de la hora iba a aumentar los decibelios de la crítica que recibe desde hace cuatro meses. Aunque quizá no era consciente de cuánto.

El PSOE y todo su aparato mediático han redoblado la ofensiva para que, además de las responsabilidades que ya depuró la Generalitat con la salida de la consellera de Interior, Salomé Pradas, y sus subalternos, ruede también la cabeza del presidente autonómico. Este viernes, amagagaron los socialistas con impulsar una moción de censura, aunque el sábado reculó Diana Morant al constatar que fracasaría si la impulsara.

Todo a pesar de que, como insiste en subrayar Mazón, el PSOE es el partido de un Ejecutivo que ni encauzó ni desvió el barranco desde el Ministerio de Transición Ecológica, pese a que tenía los proyectos aprobados. La formación política que, después, hizo imposibles las obras hidráulicas con la legislación proteccionista —la Ley de la Huerta— que aprobó la Generalitat de Ximo Puig. Y finalmente, la organización cuyo Gobierno, en la tarde de la dana, no avisó a la Generalitat de la crecida en el barranco del Poyo desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Este relato en boca del president sorprendió el pasado lunes en Madrid a los dirigentes del PP que acudieron a escucharlo al completo. Mazón se emocionó al terminar. Las lágrimas estuvieron cerca de brotarle de los ojos. Los días posteriores también se le vio compungido tras los tensos interrogatorios de los medios de comunicación.

El PP, a nivel nacional, es de sobra consciente de que Mazón cuenta con potentes argumentos. Pero también de que el barón valenciano se encuentra en una posición muy difícil de levantar por el nuevo cambio de versión sobre su proceder de aquel 29 de octubre, sobre el que también ocultó inicialmente que estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana.

Difícilmente será candidato

La percepción actual en Génova es que difícilmente repetirá como candidato a las elecciones autonómicas de 2027. Y esta decisión requeriría otras previas para que quien sea su relevo contara con las máximas garantías para vencer a la ministra Diana Morant. Pero la dirección nacional del PP, que es quien elige a los candidatos autonómicos, no mueve ficha por el momento, y Mazón se ha instalado en la resistencia con el propósito de "que triunfe la verdad".

Compromís también lleva semanas cercándole en las sesiones de control en Les Corts. Bien a través de peticiones de documentación, bien de preguntas formuladas en el Parlamento para saber con exactitud dónde estuvo aquel día y su grado de implicación en la toma de decisiones.

También ha reclamado su dimisión, cada vez que ha tenido oportunidad: atención a medios, intervenciones de su portavoz, Joan Baldoví, en tribuna... y esta semana, además, ha tratado de desmontar su última versión de los hechos. 

Después de que la Generalitat aportara una imagen captada por las cámaras del edificio de La Eliana que alberga el Cecopi que acredita que Mazón llegó a las instalaciones a las 20:28 de la tarde el día de la dana, Baldoví aseguró que tenían un testigo que sostenía que en realidad lo hizo a las 19:45. 

La coalición no cesa en reclamarle que abandone el cargo, y a esta presión se suma también la presente en la calle. Su asistencia a la inauguración del Congreso de Formación Profesional El valor de la FP, esta semana, fue una muestra de ello. 

A pesar de tratarse de un evento privado, la jornada quedó marcada porque su intervención fue interrumpida por los gritos de "¡Mazón, dimisión!" que proclamaron algunos de los asistentes al acto. Además, este sábado se produjo una nueva manifestación multitudinaria pidiendo su dimisión, que ya es la cuarta.

Su relevo

Con todo, el jefe del Consell vive, hoy por hoy, la fase más oscura de su carrera política. Él es consciente de ello, como también lo son en su partido, el Partido Popular. Y el cúmulo de factores hace compleja su permanencia en el Palau de la Generalitat, si bien armar su relevo tampoco resulta sencillo para el PP de Alberto Núñez Feijóo. 

A pesar de las peticiones de salida, Feijóo ha decidido, por ahora, no forzar su relevo inmediato. Aunque la mayor parte del PP considera que el paso a un lado de Mazón es cuestión de tiempo, el presidente del partido sigue instalado en la resistencia.

El líder del PP no está dispuesto a constituir una gestora en la Comunidad Valenciana para destituirlo, y tiene decidido que el relevo, cuando se dé, debe ser en otro momento más adecuado. Públicamente, defienden —lo hizo este jueves Juan Bravo— que al menos, "ha dado la cara" y "ha pedido disculpas por sus errores". 

Ahora bien, en el núcleo duro de Feijóo hay quien considera que acelerar la salida del líder territorial sería una forma de "quitarse un peso de encima". Por lo que, en estos momentos, el partido se encuentra atrapado entre la necesidad de un cambio y el temor a las consecuencias de una guerra interna en la autonomía que esta salida podría provocar.

La coyuntura y las dificultades sobrevenidas que causaría la negociación de una nueva investidura, con el grupo en minoría y las encuestas a la baja, tienen a la formación completamente dividida: mientras algunos prefieren aguantar, otros consideran que la decisión no deben demorarse más para frenar el daño que su gestión de la crisis de la dana ha causado al partido.

En las últimas horas, también se ha alimentado el debate de que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, sea su relevo, si bien ella misma admitió no "contemplar este escenario".

La voluntad del líder autonómico, en todo caso, es la de resistir y aprovechar que tampoco su partido cuenta con de una hoja de ruta clara al respecto. Pero también tratar de imponer "la verdad": que la falta de actuaciones antirriadas en el barranco del Poyo por parte del Gobierno central causaron la mayoría de las muertes. 

"La mejor noticia que deberíamos recibir es que, lo antes posible, el Gobierno diga que va a hacer las obras en el barranco del Poyo. Ya no tienen excusas, porque fue la Ley de la Huerta la que impidió que se hicieran esas obras", ha reiterado el presidente en su última intervención pública.

"La mejor manera de evitar que esto vuelva a ocurrir es garantizar ya que se van a hacer esas obras. La verdadera razón por la que ocurrió todo esto fue el barranco del Poyo. Está acreditado por todos los técnicos y por todos los ingenieros, que lo dicen una y otra vez", subrayó este viernes. 

Es el clavo al que el jefe del Consell trata de aferrarse, pese a tenerlo todo en contra.