El problema de la vivienda en Sevilla, como en tantas otras ciudades españolas, está causando estragos entre la población. El portavoz del Sindicato de Inquilinas en Sevilla, Ibán Díaz, propone medidas contundentes para frenar la crisis habitacional que sufre la ciudad, entre ellas prohibir la vivienda turística y penalizar a los propietarios que mantienen pisos vacíos.
Díaz denuncia que el mercado inmobiliario sevillano "no se trata en función de su uso residencial, sino como un bien de inversión, tanto para grandes como para pequeños propietarios", lo que ha provocado un encarecimiento generalizado del alquiler y un acceso cada vez más difícil a una vivienda digna.
El Sindicato de Inquilinas se constituyó a comienzos de 2025, en un contexto de precios disparados y una oferta cada vez más limitada.
"Nos encontramos con bloques enteros en manos de un mismo propietario, con aumentos de precios constantes. Las revalorizaciones se producen año a año sin mayor motivo", lamenta Díaz.
Según los datos que maneja el sindicato, el precio medio del alquiler en Sevilla supera ya los 900 euros mensuales, lo que sitúa a la capital andaluza entre las más caras del país.
A juicio de Díaz, una de las causas principales de este incremento es el auge del alquiler turístico: "El alquiler turístico es un problema, porque contagia al resto del mercado inmobiliario. Los propietarios ven que pueden ganar más dinero con un piso turístico y suben los precios del residencial".
600.000 viviendas vacías
La magnitud del fenómeno es preocupante. En Andalucía hay registradas 350.000 viviendas de uso turístico, mientras que más de 600.000 permanecen vacías.
"Estamos ante una infrautilización enorme del parque de viviendas existente. Hay poca oferta, lo que le da un poder desmedido al propietario. En un mercado tan irregular como este, cada uno pide el dinero que le da la gana, sin control ni justificación", afirma el portavoz.
Para Díaz, revertir esta situación pasa por combinar prohibiciones e incentivos: "Hay que prohibir la vivienda turística e incentivar la salida al mercado de la vivienda vacía, penalizando la infrautilización del parque de vivienda a los propietarios".
El representante del Sindicato de Inquilinas también reclama una revisión profunda de la normativa estatal: "A nivel estatal hay que replantear la ley de alquiler. Tal y como está redactada, no ofrece ninguna protección real al inquilino. No existe ninguna justificación para los precios actuales".
Desde el sindicato aseguran que seguirán movilizándose y ofreciendo apoyo legal y social a las personas afectadas.
"Lo que estamos viendo en Sevilla es un síntoma de un modelo fallido. Si no se actúa pronto, el derecho a la vivienda quedará reducido a una aspiración imposible", concluye Díaz.